"Necesitamos encontrar un camino político para vivir con los otros residentes de Israel", ha dicho, recalcando que es necesario tratar la forma en la que se aplica la soberanía, según ha informado el diario local 'Yedioth Ahronoth'.
Así, ha indicado que "lo que está claro es que, para demostrar que no hay contradicción entre la democracia y un Estado judío, es importante no aprobar leyes en lugar en los que no se ha decidido sobre el ejercicio de la soberanía".
Los diputados israelíes apobaron por 60 votos a favor y 52 en contra la conocida como Ley de Regulación, que pone estas viviendas de forma efectiva bajo jurisdicción regular israelí y no bajo la administración militar israelí que controla los territorios ocupados desde 1967.
La votación se celebró a pesar de la petición expresa del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de retrasarla hasta después de su viaje a Washington, previsto para el 15 de febrero. El principal defensor de la iniciativa ha sido el partido Bayit Yehudi, Hogar Judío, de actual ministro de Educación, Naftali Bennett.
Finalmente la ley fue aprobada pese al rechazo de la oposición, con el partido Unión Sionista al frente. El presidente de la Unión Sionista, Isaac Herzog, argumentó durante el pleno que rechazan la anexión porque podría propiciar que "miles de palestinos entraran en el Estado judío".
El proyecto de ley prevé la expropiación de las tierras palestinas a cambio de una compensación por valores superiores a su precio de mercado. Estos terrenos pasarán a titularidad del Comisario de Propiedades Gubernamentales de Cisjordania.
En respuesta, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió de que la ley "contraviene el Derecho Internacional" y tendrá "consecuencias legales a largo plazo".
En este sentido, lamentó que este tipo de normativas concede "inmunidad" para que los colonos puedan construir sin problemas en zonas propiedad de palestinos, según un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, amenazó con llevar a Israel ante "instituciones internacionales" por la aprobación de dicha legislación.
Abbas defendió que esta norma jurídica es "una agresión" contra el pueblo palestino que frenará en "instituciones internacionales".
Se trata además, sostuvo, de "un desafío flagrante a los deseos de la comunidad internacional", ya que contraviene la resolución aprobada el pasado 23 de diciembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que declara ilegales los asentamientos israelíes y reclama su fin.
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