Los bancos recurren la declaración de nulidad de la Carta de Conformidad aprobada por el Pleno municipal de Valladolid

Como consecuencia del recurso de reposición, según han señalado fuentes municipales, se formulan sendas peticiones de suspensión del citado acuerdo del Pleno municipal, por el cual el Ayuntamiento canceló la garantía presentada por el exregidor como aval del crédito de 404 millones de euros, suscrito en enero de 2011, y del cual corresponden 101 millones de euros al Consistorio de la capital.

En primer lugar, los acreedores --Bankia, BBVA, Banco Ceiss, Santander, CaixaBank y el Instituto de Crédito Oficial-- consideran que el acuerdo del Pleno "priva de toda eficacia a la Carta de Conformidad de 2011" y a los compromisos del Ayuntamiento, que, recuerdan, "no son estrictamente financieros, sino que afectan a otras obligaciones" cuya anulación entienden que "no se halla justificada por los motivos jurídicos que a juicio del Ayuntamiento fundamentan la procedencia del acuerdo".

En el recurso, se explica que de acuerdo con "los intereses en juego", la suspensión del acuerdo que declaró nula la Carta de Conformidad "no produciría ningún perjuicio inmediato para el interés general en tanto se sustancia y resuelve el presente recurso". Sin embargo, advierten de que "si no se accede a la suspensión se deja sin efecto uno de los documentos esenciales de los Contratos de Financiación" y las consecuencias serían "claramente perjudiciales para las entidades acreditantes".

La solicitud debe ser estudiada por el Pleno municipal, por lo que este miércoles están convocadas tanto Comisión de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica, con este asunto como punto único del orden del Día, como Junta de Portavoces, debido a que la decisión sobre la solicitud de las entidades bancarias deberá tomarse en Pleno extraordinario.

De hecho, en la Comisión se presenta una propuesta para desestimar las solicitudes de suspensión del acuerdo del Pleno municipal del 1 de septiembre por el cual se anuló la Carta de Conformidad que, según el equipo de Gobierno y, con el respaldo del Consejo Consultivo, se firmó de manera irregular al no pasar por ninguno de los órganos municipales.

La propuesta está respaldada por un informe de la Asesoría Jurídica General del Ayuntamiento, con fecha del pasado 13 de octubre, que cita una Ley que señala que "la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado".

Cabe recordar que el primer plazo de devolución del citado crédito concluía el pasado 31 de diciembre, pero la Sociedad Alta Velocidad, de la que forman parte tanto el Ayuntamiento como Adif, Renfe y la Junta de Castilla y León, solicitaron sendos aplazamientos, el último de ellos formulado antes de la finalización del plazo otorgado hasta el 30 de septiembre, de manera que se extendería hasta finales de este año.

"A LA ESPERA" DE EXPLICACIONES DE FOMENTO

Este martes, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que el Ayuntamiento se encontraba a la espera de que el Ministerio de Fomento explique "en qué momento están las negociaciones con los bancos".

En el último Consejo de Administración de la Sociedad, se planteó la posibilidad de que las entidades ministeriales Renfe y Adif que ya habían realizado una aportación directa de 62,5 millones de euros para satisfacer una parte del primer plazo de devolución del crédito, hicieran un nuevo pago de un montante similar.

Se da la circunstancia de que en la tarde de este martes se mantiene una reunión de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en Madrid, aunque según ha explicado el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Manuel Saravia, inicialmente estaba previsto tratar únicamente los pasos para solventar los problemas existentes con diversos proveedores de maquinaria del nuevo Complejo de Talleres de Renfe.