Valencia.- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, ha subrayado hoy que la "voluntad" del Ejecutivo central es "proteger" el barrio valenciano del Cabanyal, patrimonio cultural declarado por la Generalitat, "por imperativo legal y constitucional".
En rueda de prensa, Peralta ha añadido que a día de hoy "esa declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del Cabanyal hecha entonces por la Generalitat no se ha modificado".
Se ha vuelto a referir a la sentencia del Tribunal Supremo y a los informes "técnicos impecables" recabados por el Ministerio de Cultura, y ha señalado que la postura del PP parece la de "ejecutar por encima de lo que fuera".
Además se ha referido, durante su habitual comparecencia de los viernes ante los medios de comunicación, a que hoy, que se debate en sesión plenaria de Les Corts la situación del Cabanyal, se harán "intervenciones muy exageradas" aunque la "verdad es que la actuación del Gobierno central "se ajusta a la legalidad" pese a que los populares "digan ahora que se trata de un tema político".
Peralta ha recordado el caso "de una experiencia anterior" y ha citado el caso el Teatro Romano de Sagunto, en el que un fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó la petición de la Generalitat de imposibilidad legal y material de ejecutar las sentencias del TS y TSJCV contra la aprobación del proyecto de restauración y rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto.
Las obras de rehabilitación, proyectadas por los arquitectos Grassi y Portaceli, fueron realizadas en los años 80 durante la etapa socialista al frente de la Generalitat y recurridas por el abogado Juan Marco Molines, que fue diputado del PP en Les Corts.
En su argumentación, la Generalitat destacaba la dificultad de ejecución de esas sentencia que daban la razón a Molines, de acuerdo con los informes técnicos y la necesidad de conservar y garantizar la importante función cultural y social que en la actualidad tiene ese teatro romano.
En su resolución, el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV estimó los argumentos de la Generalitat, ya gobernada por el PP, y estableció que "existía causa de imposibilidad legal para la ejecución de la sentencia".
En ese sentido, Peralta ha señalado que cuando se realizó la remodelación se hicieron declaraciones "incendiarias" por parte de algunos dirigentes populares que afirmaban "que defendían la legalidad por encima de todo" y después, "han terminado con una denuncia de un ex diputado de su partido", en referencia a Molines.
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