PSOE-A reclama que el Gobierno reconozca un grado de discapacidad mínimo del 33 por ciento a epilépticos

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, se reclama a la Junta también un plan de formación para el personal docente con el objetivo de conocer las diferentes manifestaciones de la epilepsia y los efectos secundarios de los antiepilépticos para, en su caso, hacer una adaptación curricular que cubra sus necesidades educativas.

Otras medidas que se demandan a la administración consisten en que impulse estrategias de sensibilización a la sociedad para visibilizar la enfermedad y evitar estigmas y discriminación; impulsar la investigación científica en epilepsia, o incorporar a la formación en primeros auxilios el protocolo de actuación ante una crisis convulsiva de epilepsia.

Asimismo, se apuesta por que se establezca un marco de colaboración estable con la asociación andaluza de epilepsia Apice (de ámbito autonómico).

Según explica el PSOE-A en su iniciativa, aunque los efectos sociales pueden variar según el país, la discriminación y la estigmatización social que rodean la epilepsia en todo el mundo son a menudo más difíciles de vencer que las propias convulsiones, influyendo negativamente en la calidad de vida de las personas con epilepsia y sus familias.

Recuerda que tanto el Parlamento Europeo como la Organización Mundial de la Salud han presentado declaraciones y peticiones a los estados miembros para que adapten sus leyes a las necesidades especiales que conlleva padecer epilepsia.

Según el PSOE-A, las personas que padecen esta enfermedad tienen graves dificultades para que los centros educativos comprendan y se adapten a las necesidades del alumno afectado, y la "ocultación sigue siendo la tónica". Estas dificultades, según apunta, hacen que estos alumnos no lleguen a tener una educación igualitaria.

En el mundo laboral, según añade, la discriminación se hace más evidente, y "no hay más solución que ocultarlo para tener alguna posibilidad de acceder a un puesto de trabajo".

En Europa padecen la enfermedad seis millones de personas; en España, 704.500, y algo más de 150.000 personas en Andalucía. La epilepsia tiene una prevalencia de 18 casos por cada 1.000 habitantes. Casi un 30% por ciento de los afectados, según explica el PSOE-A, no llega a tener su enfermedad controlada, lo que hace que dependan de una medicación que afecta al sistema nervioso central y que en consecuencia les conduce a una discapacidad, lo que conlleva tener que depender de terceras personas para su día a día.

Según el PSOE, actualmente, el Real Decreto de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía únicamente tiene en cuenta el número de crisis, es decir, solo el efecto cuantitativo de las crisis, no el cualitativo, que es precisamente lo que se necesita regular y reconocer que la epilepsia puede desembocaren una discapacidad intelectual, además de añadir un enfoque multidisciplinar para que se valore el ámbito social, laboral y educativo de los enfermos, para lograr la igualdad de oportunidades y mejorarla calidad de vida.