Colombianos más afectados por conflicto piden participación en proceso de paz

Esther Rebollo

Pasto (Colombia), 3 nov.- Organizaciones sociales y campesinas de los convulsos departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, exigieron hoy un espacio para participar en el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC.

Lo hicieron en la Mesa Regional de Paz celebrada en Pasto, capital de Nariño, convocada por el Congreso con el apoyo de las Naciones Unidas, con el fin de elaborar propuestas y enviarlas a los negociadores que se encontrarán el próximo martes en La Habana para buscar el fin del conflicto armado.

Las propuestas de los campesinos, afrodescendientes, indígenas, mujeres, jóvenes y sindicalistas de estos departamentos, dos de los más afectados por la violencia, incluyeron desde programas de sustitución de cultivos de coca hasta una Asamblea Constituyente que refunda la nación.

Casi por unanimidad la sociedad civil de estas regiones, donde conviven guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, bandas criminales y fuerzas de seguridad del Estado, exigió un replanteamiento de la estructura agrícola y garantías para ejercer la oposición política.

Sus peticiones coincidieron con los puntos de la agenda que negociarán el Gobierno y la guerrilla, pero los líderes sociales de estas maltratadas regiones, acosadas además por la pobreza, sienten que hay un abismo entre sus propuestas y lo que se vaya a plantear en Cuba.

Fueron especialmente críticos con el fuero militar aprobado recientemente por el Congreso, por considerar que da impunidad a la fuerza publica y es contradictorio con el proceso de paz.

Asimismo creen que el plan rural que busca el Gobierno apunta a la expansión de la minería a gran escala y al fomento de plantaciones agroindustriales, cuando en Nariño y Putumayo apuestan por un desarrollo tecnológico del minifundio que garantice la seguridad alimentaria y permita incluso exportar productos.

Hicieron hincapié en las garantías para la oposición política y en general se mostraron de acuerdo en acoger en sus organizaciones a los guerrilleros de las FARC que se desmovilicen tras un eventual acuerdo final que ponga fin al conflicto armado.

La Marcha Patriótica, un movimiento político de izquierdas nacido este año, celebró el proceso de paz, pero fue muy crítica con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y con el Congreso de la República.

El representante en Nariño de la Marcha Patriótica, Camilo Salazar, consideró que el escenario legítimo para la discusión del futuro del país está en "las organizaciones populares" no en el Congreso ni en una mesa en la que no se sienten representados.

A su juicio, el Congreso "legisla a través de marcos jurídicos contrarios a la paz y a los intereses del pueblo", mientras el plan de desarrollo del Gobierno es "una conspiración de un modelo neoliberal que deja enormes secuelas negativas porque consolida el modelo explotador".

La Marcha Patriótica, que con su corta vida tiene cuadros bien organizados, propuso "procesos constituyentes regionales y locales con justicia social tendentes a una asamblea nacional" y defendió los proyectos rurales alternativos que ya desarrollan en algunas zonas del país campesinos colonos, indígenas y afrodescendientes.

La mesa se celebró bajo el liderazgo del presidente del Congreso, el oficialista Roy Barreras, quien señaló que "este trabajo tiene un propósito común de construir la paz, de recoger las voces de los colombianos" y se comprometió a que "van a recibir respuesta de quienes están negociando" en Cuba.

Dejó claro que en el centro "están las víctimas, el derecho a la reparación, a la verdad, a lo repetición, incluidas las víctimas de la guerrilla (...), por supuesto de quienes han sido víctimas de otro actores, incluyendo a las víctimas de los agentes del Estado".

Pero advirtió que al Congreso no le corresponde "definir si los negociadores acogerán una u otra propuesta", tan sólo garantiza que llegarán a La Habana y que serán escuchadas.

Sobre las que consideró propuestas "inviables" y "variopintas", como una Asamblea Constituyente, Barreras respondió que el Gobierno y la Unidad Nacional (coalición liderada por el gobernante Partido de la U) va "a defender la democracia liberal".

Barreras aprovechó para solicitar a la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se sume al proceso de paz porque ahora "las condiciones están dadas" para ponerle fin al conflicto armado.