La desescalada de la crisis del coronavirus tuvo a todos los ciudadanos y políticos en vilo. En esos momentos el Gobierno ostentaba el mando único del país y poco podían hacer las autoridades que no pertenecen al 'círculo cero' de Pedro Sánchez. Tocaba acatar y esperar. Los momentos en que el Ejecutivo anunciaba qué comunidades avanzaban de fase y dejaban atrás el confinamiento estricto eran especialmente tensos y les seguían, casi de inmediato, fuertes cuestionamientos por parte de los gobiernos locales sobre qué argumentos o criterios se utilizaban para tomar estas decisiones. El equipo de Sánchez explicó en varias ocasiones que un comité de expertos se hacía cargo de estudiar la situación de cada CCAA, pero que no revelarían su identidad para evitar las "presiones" de la ciudadanía y los medios de comunicación, pero este miércoles se supo que dicho grupo no existió. ¿Qué ocurrió?, ¿quién tuvo en sus manos el destino de las autonomías?
El argumento de 'protección de la identidad' de los tres cabecillas de la gestión de la pandemia Pedro Sánchez, Salvador Illa, ministro de Sanidad, y Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quedó desmontado tras una denuncia del Partido Popular. La propia cartera de Illa negó al Consejo de Transparencia que existiera un comité de expertos encargado de decidir qué territorios iban avanzando en la desescalada. Aún así, las situaciones en que el Ejecutivo recurrió a este 'clan' de especialistas para respaldar los vetos y avales a los progresos de las CCAA fueron varios.
El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, se encuentra reunido con el Comité Técnico para la #Desescalada.
— La Moncloa (@desdelamoncloa) June 1, 2020
A su término, el director del CCAES, Fernando Simón, dará a conocer los datos de evolución del #COVID19 en rueda de prensa. pic.twitter.com/kUrVJHDqG2
La denuncia del PP desvela que el verdadero responsable de tomar las decisiones era "el Ministerio de Sanidad tras su valoración con las distintas comunidades, conforme a lo establecido en la orden ministerial del 3 de mayo que regulaba el proceso de cogobernanza para la transición a la denominada nueva normalidad". Entonces, no queda claro a quién se refería Fernando Simón cuando dijo en una rueda de prensa el 6 mayo que "no les voy a dar nombres" de los miembros del comité que estudiaban las solicitudes de las comunidades para que "puedan trabajar con la suficiente libertad" y evitar presiones por parte de "la sociedad" y "los medios de comunicación".
Tres días después, el líder del Ejecutivo se limitó a decir que "estamos siendo asesorados por expertos de una extraordinaria calidad desde el punto de vista científico y de compromiso de servicio público. Lo único que puedo hacer es reivindicar su profesionalidad y reconocer su compromiso". No dio más detalles sobre la identidad de las personas que conforman este grupo ni su formación o trayectoria profesional: "Lo que importa es que son funcionarios del Ministerio de Sanidad quienes junto a las direcciones de Sanidad Pública de las comunidades deciden de manera coordinada los territorios que pueden pasar de una fase a otra y eso es lo más importante".
La posición del ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue similar. El líder de la cartera se opuso a publicar la identidad de los expertos durante una comparecencia en la comisión de Sanidad del Congreso, a petición de PP y Vox. Illa no aportó ningún nombre y se escudó con el argumento de que en la Administración pública la responsabilidad recae en los altos cargos, que son los que en última instancia van a emitir los informes de cada CCAA.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno de España, también se rehusó a desenmascarar a los supuestos especialistas del comité, pero introdujo un matiz. Montero declaró ante los medios el 8 de mayo que las personas que evalúan los parámetros de cada CCAA "son los funcionarios habituales del CAES" y los expertos solo se dedican a asesorar al Gobierno. Así, el grupo de técnicos, según la política, solo hacía una labor de acompañamiento.
El PP puso tras las cuerdas al Ejecutivo con una denuncia formal para conocer más sobre la vida de las personas que determinaron la suerte de las autonomías durante el fin del estado de alarma y Sanidad se vio obligado a confesar que "no existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento".
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