Antes de que la Covid llegase a España, José Manuel Franco ejercía su labor como delegado del Gobierno en Madrid sin llamar la atención de las cámaras. Desde hace unas semanas, la gestión del socialista alrededor de la celebración del Día Internacional de la Mujer en la capital y su luz verde a las masivas manifestaciones del 8M, han convertido a Franco en el foco de la polémica. Este mismo lunes, la Justicia madrileña ha citado a declarar como imputado al delegado del Ejecutivo en la región, lo que ha vuelto a situar al mandatario en el ojo del huracán en plena desescalada.
El vínculo de Franco con el presidente del Gobierno viene de atrás. El socialista, ahora a la espera de sentarse en el banquillo, aterrizó al frente de la Secretaría General del PSOE en la Comunidad de Madrid en 2017, ese mismo año, coordinó con éxito la campaña de Pedro Sánchez en la región para las primarias del 30 de septiembre. El propio Franco revalidó entonces su puesto al frente de la formación en la comunidad al aglutinar el 71% de los votos.
Franco ha recorrido un largo camino dentro de la formación socialista, al que se afilió en 1981, tras licenciarse en Derecho y atesorar experiencia como funcionario de carrera del Ministerio de Defensa. Siempre cercano a los debates de la cámara madrileña, Franco es diputado en la Asamblea desde hace casi 30 años. A esta llegó en 1995, el mismo año que el PSOE perdió el Gobierno de la región, y cuando ya había desempeñado numerosos cargos en la cámara.
El delegado del Gobierno se presentó como número 3 de la lista socialista para los comicios al Congreso de los Diputados por la comunidad de hace apenas en abril de 2019 y resultó electo diputado. Ahora, un año después, Franco tendrá que sentarse en el banquillo a petición de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. Sobre el pesa la gestión de los momentos previos a la eclosión de la pandemia en España y, con especial fuerza, la luz verde del Ejecutivo a la celebración de la manifestación del 8-M.
"No impediremos manifestaciones si cumplen las normas"
Menos de una semana antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma. Franco avaló esta y otras manifestaciones, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus. La permisividad con los actos de manifestación ha sido uno de los rasgos que ha marcado su política, también cuando lo que se ponía en tela de juicio era le gestión del propio Ejecutivo de coalición. "No vamos a impedir las manifestaciones en contra del Ejecutivo, pero deben cumplir las normas como mantener la distancia", afirmó Franco el pasado lunes 18 de mayo en una entrevista con 'Onda Madrid'.
El próximo 5 de junio Franco se subirá al estrado y no será el único. La magistrada también ha citado como testigos ese mismo día al secretario general de la delegación, Fernando Talavera; al jefe del gabinete del Delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz. Sí será el primero. Todos ellos comparecerán ante la jueza después de Franco, citado a las 9:0 horas en el marco de una investigación que trata de determinar si se han podido cometer delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional.
En relación al derecho de manifestación, Franco no mostró cambios de dirección. El delegado del Gobierno, sobre las caceroladas que pedían la dimisión del Ejecutivo y que se iniciaron en Nuñez de Balboa, aseguró que el estado de alarma no era una forma de acabar con el ejercicio de los derechos fundamentales,sino de limitar el ejercicio de algunos derechos: "La Policía y la Delegación del Gobierno estamos actuando con la máxima prudencia, proporcionalidad y responsabilidad", alegó al respecto.
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