El congreso convalida las medidas de ahorro eléctrico del gobierno


El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este miércoles el Real Decreto-Ley 14/2010 de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. El texto que busca ahorrar 4.600 millones de euros en tres años y recorta las primas que recibe el sector solar fotovoltaico supera, así, su primer trámite parlamentario.
El texto fue respaldado por PSOE y PNV (que sumaron 175 votos a favor), mientras que CiU y PP se abstuvieron (157 abstenciones) y el resto de los grupos (PP, ER-IU-ICY y mixto) se opusieron (siete votos en contra).
En su intervención ante la Cámara, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, afirmó que el ahorro que se deriva de esta norma (de unos 4.600 millones en los próximos tres años) evitará que se produzcan subidas de la tarifa eléctrica "como la que hemos tenido que aprobar, a nuestro pesar, el pasado 1 de enero", del 9,8%. Una subida que tachó de extraordinaria e irrepetible.
De ahí la "urgencia" de convalidar una norma que "se justifica en la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico, ante la crisis" y de corregir los "desequilibrios y debilidades" que este acumula.
En cuanto al recorte de primas para la energía fotovoltaica (la cuestión que más controversía suscitó), Sebastián afirmó que este "era el único sector renovable que no había hecho aún un esfuerzo para la ordenación gradual de la reducción del déficit, a pesar de su importante contribución" al mismo. Recordó, en este sentido, que la fotovoltaica absorbe el 40% del sobrecoste del régimen especial, cuando apenas representa un 2% de la producción eléctrica total y un 6% de la producción renovable.
Para el titular de Industria, el esfuerzo que se pide a la fotovoltaica es un "ajuste temporal no retroactivo, que no pone en riesgo la viabilidad de las instalaciones". Además, se comprometió a retomar el diálogo con el sector y a difundir la disponibilidad de líneas de crédito.
En nombre del Partido Popular, el diputado Álvaro Nadal pidió la tramitación como proyecto de ley de esta norma, para poder "corregir sus graves deficiencias", como la que se produce, a su juicio, con la energía solar fotovoltaica. De hecho, el diputado popular solicitó una reforma integral del sector eléctrico, "para contener los costes que han sacado a España fuera de la competitividad energética".
"Menos mal que este era el Gobierno más verde y el más social del planeta. A este Gobierno se le ha hundido la realidad medioambiental, como la social" con el "palo" que, en su opinión, han dado a la fotovoltaica. "Este Gobierno, lo que toca lo destruye", dijo Nadal.
ENMIENDAS
Para el diputado catalán Josep Sánchez i Llibre (de CiU, grupo que se abstuvo en la votación), el texto introduce dudas jurídicas sobre su legalidad, tanto por atentar contra el principio de seguridad jurídica como por su retroactividad, en relación con las primas que se recortan para la electricidad fotovoltaica. Para el grupo catalán, el texto cambia la reglas a mitad de partido a aquellos que decidieron invertir en esta fuente renovable. Algo, a su juicio, "no correcto e inaceptable".
Por ello, CiU ha negociado una serie de enmiendas con el Gobierno, que serán tramitadas en el Senado. Estas enmiendas "recogen las inquietudes del sector fotovoltaico" y pasan por "que el ICO juegue un papel importante para la refinanciación" de las plantas fotovoltaicas; ampliar de tres a cinco años el periodo temporal con derecho a prima (es decir, elevarlo a 30 años); blindar este real decreto, para que no pueda ser modificado con posterioridad; establecer una nueva clasificación de zonas climáticas; y mejorar el cálculo de las horas equivalentes de funcionamiento.
Sánchez i Llibre destacó, en este sentido, la "complicidad" que su grupo ha encontrado en el titular de industria, a la hora de negociar las citadas enmiendas.
Desde Esquerra Republicana- Izquierda Unida, María Nuria Buenaventura acusó al Gobierno de "atreverse sólo con los más débiles" (en alusión a las tecnologías renovables, frente a las del régimen convencional). Además, Joan Ridao consideró injusto tener que "pagar los platos rotos" de medidas como la moratoria nuclear, las ayudas a la minería del carbón y la transición a la liberalización.
Finalmente, desde el grupo mixto, la diputada de UPyD Rosa Díez consideró que esta norma es una "chapuza" y una "muestra de incapacidad política" y acusó al Gobierno de "poner molinillos y placas solares y luego rezar para que no sople el viento ni haya luz".

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