En junio de 2015, un hombre asestó tres cuchilladas con una navaja por la espalda y después golpeó "varias veces" con la tapa de la cisterna de un inodoro en la cabeza a su mujer. La víctima fue brutalmente asesinada. Ahora, sus hijas lamentan tener que pagar el impuesto de sucesiones de la Agencia Tributaria al que no pueden hacer frente.
El importe a pagar es de 5.000 euros y están obligadas a pagarlo por haber recibido bienes -la mitad de dos coches que poseía el matrimonio y de la vivienda donde conviven- como indemnización impuesta por el juez a su padre, por la vía de responsabilidad civil, condenado por estos hechos a 21 años y medio de prisión.
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La Audiencia de Sevilla condenó en abril de 2017 a este hombre a una de prisión por un delito de asesinato y por otro de maltrato habitual, a la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de sus dos hijas durante 33 años. También se le privó el derecho de residir en Alcalá de Guadaíra o acudir a dicha localización durante 31 años.
A esto se le suma una indemnización de 100.000 euros a cada una de sus dos hijas, por el "elevado daño moral sufrido", pues "no solo han perdido de forma dramática a su madre, sino que también, de alguna manera, a su padre".
Una situación económica difícil
En declaraciones a Europa Press la letrada del despacho de abogados que ejerció la acusación particular, Sandra Márquez, ha precisado que, dada la insuficiencia de recursos del condenado, parte de la indemnización la compensaría con el valor del 50 por ciento de los dos coches y de la vivienda que poseía el matrimonio -la otra mitad la heredaron por parte de su madre fallecida-, valorados estos bienes en unos 60.000 euros, cantidad de la que "Hacienda le reclama el ocho por ciento, alrededor de unos 5.000 euros".
Al respecto, la letrada ha dejado claro que "si el condenado pudiera pagar esta indemnización en metálico estaría exenta de impuestos pero al pagarla con el valor de estos bienes, las hijas de la víctimas tendrán que hacer frente a este pago".
Con el fin de evitarlo, teniendo en cuenta que su situación económica no es muy favorable -una de ellas percibe un subsidio en cuantía de 430 euros al mes y la otra tiene un contrato a media jornada de ayuda a domicilio y su salario es de 400 euros mensuales- Márquez ha presentado distintos escritos a las administraciones a nivel regional y estatal.
Distinta vías
En concreto, fue remitida una consulta vinculante realizada a la Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía en abril de 2019, consultada por Europa Press, y, posteriormente, a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, obteniendo como respuesta que "no eran competentes para resolver la cuestión", por lo que instaron a presentar otro escrito a la Dirección General de Tributos.
Ante esta situación, cursaron una petición dirigida a la Presidencia del Gobierno el pasado mes de junio en la que le pedían que dieran las instrucciones oportunas para que los servicios jurídicos del Estado "contemplaran supuestos como el presente exentos de tributación a los efectos de que ninguna víctima sufra además de su pérdida las consecuencias impositivas de hechos como el denunciado".
Sin embargo, la Presidencia "no se ha pronunciado, sino que se limitó a remitir el asunto a la Dirección General de Tributos", desde donde precisaron que "el impuesto hay que abonarlo" pero instándole a dirigirse a la Junta de Andalucía por si existiese alguna norma autonómica que prevea algún tipo de beneficio fiscal, a lo que la Administración andaluza señaló en un documento que "no existe ninguno aplicable al supuesto".
Ante esta circunstancia y ante la imposibilidad de asumir el coste, las hijas de la mujer asesinada han solicitado a su representante legal que "no hagan a la fecha gestión alguna, como mínimo durante varios meses, para poder reunir el dinero y pagar el impuesto", al que consideran "injusto".
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