Madrid, 16 sep.- La sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid delibera desde mañana los recursos presentados por las defensas y acusaciones de la causa abierta por el accidente del avión de Spanair que se estrelló en Barajas (Madrid) el 20 de agosto de 2008, y donde murieron 154 personas.
Así lo ha acordado en una providencia la magistrada Pilar de Prada, que ha dividido la más de una docena de recursos presentados en dos grupos, ya que ella resolverá sobre algunos y otros el magistrado Carlos Fraile, también de la sección 15.
Entre los recurrentes se encuentran la Asociación de Afectados del Vuelo JK-5022, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), la ya extinguida compañía Spanair, así como abogados individuales de diversas víctimas, según la providencia a la que ha tenido acceso Efe.
Los recursos de apelación presentados contra el auto del titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, se basan principalmente en las imputaciones de dos técnicos de mantenimiento -José Antonio Viñuelas y Felipe García-, ya que las víctimas solicitan que sean más personas las imputadas mientras que las defensas desean su desimputación.
La Audiencia madrileña deberá resolver sobre los trámites del procedimiento abreviado respecto a las personas que estuvieron imputadas en un principio: el jefe de mantenimiento Jesús Torroba, el jefe de la División de Mantenimiento en Línea de Spanair, David Torres, y el jefe de la División de Calidad de la compañía, Alejandro Sahuquillo.
También sobre el subdirector de Spanair, Javier Mendoza, y el director y el ejecutivo de servicio del aeropuerto de Barajas, así como sobre la petición de libramiento de una comisión rogatoria a los Estados Unidos.
El magistrado Carlos Fraile estudiará las pretensiones de archivo y sobreseimiento de las actuaciones respecto a Felipe García y José Antonio Viñuela, la imputación de este último como autor, y no como cooperador necesario, y los trámites del procedimiento abreviado respecto a los responsables del fabricante McDonnell y de los presidentes de Boeing entre 1997 y 2005.
También deberá pronunciarse sobre los directores generales de Aviación Civil Enrique Sanmartí, Ignacio Estaún Díaz de Villegas y Manuel Pérez Bautista, y de los certificadores anuales de la Dirección General de Aviación Civil que expidieron los certificados de aeronavegabilidad del avión (Spanair MD-82) EC-HFP.
Los magistrados deberán concluir si se archiva el caso y se envía a la jurisdicción civil para determinar las posibles indemnizaciones, ratificar el auto del juez instructor y mantener como imputados a los dos técnicos de mantenimiento por 154 delitos de homicidio imprudente y 18 de lesiones, u ordenar la práctica de nuevas diligencias.
El juez instructor cerró la investigación basándose, principalmente, en el informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), con cuyas conclusiones la Asociación de Afectados del Vuelo JK-5022 no está de acuerdo y ha presentado una auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que critica la idoneidad investigadora de dicho organismo.
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