Washington, 18 jul.- Dos líderes republicanos del Congreso de EE.UU. acusaron hoy al Departamento de Justicia de bloquear datos y ocultar documentos, incluso con la "pista decisiva", sobre el fallido operativo "Rápido y Furioso", que permitió el trasiego ilegal de armas a México en 2009.
En una carta enviada al secretario de Justicia y fiscal general de EE.UU., Eric Holder, el senador Charles Grassley y el representante Darrell Issa, los principales investigadores en el Congreso del asunto, pidieron la entrega de más documentos para aclarar el origen y el porqué del fracasado operativo de la Agencia para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF).
El objetivo de "Rápido y Furioso", según la ATF, era rastrear las armas que conseguían los narcotraficantes y miembros del crimen organizado, para desmantelar a esos carteles. Pero, la operación fracasó y se perdió el rastro a centenares de armas.
Sobre el caso, Grassley e Issa también enviaron cartas a los dirigentes del FBI, Robert Mueller, y de la DEA, Michelle Leonhart, para averiguar qué papel jugaron esas agencias en ese operativo.
Según los legisladores, el director interino de la ATF, Kenneth Melson, les informó de documentos con la "pista decisiva" sobre "Rápido y Furioso".
Los legisladores enviaron la carta a Holder después de que Melson les dijera, en una sesión a puerta cerrada el pasado 4 de julio, que el Departamento de Justicia le había denegado permiso para rendir testimonio.
La carta incluye parte de las extensas declaraciones que dio Melson ante los legisladores y que dejan en claro, a su juicio, los esfuerzos del Departamento de Justicia por ocultar información y centenares de documentos relacionados con "Rápido y Furioso".
Melson le dijo a los legisladores que, al revisar varios documentos relacionados con un caso en particular, encontró lo que describió como la "pista decisiva" sobre el trasiego ilegal de pertrechos de alto calibre a México.
Según parte de su testimonio, el contrabando de armas "podía y debió haber sido interceptado, pero no ocurrió".
Melson, al parecer, implicó a otras agencias federales en el operativo, incluyendo el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) y la DEA (Dirección Estadounidense Antidrogas), y se quejó de que el Departamento de Justicia está intentando proteger a altos cargos políticos dentro de la entidad.
"El Departamento (de Justicia) ha bloqueado el flujo de información de la oficina del director interino (de ATF)", dijeron Grassley, el republicano de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, e Issa, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental en la Cámara de Representantes.
El Departamento de Justicia debe entregar todos los documentos requeridos para "entender los fallos de liderazgo" en torno a la operación encubierta, indicaron en la carta.
Entre otras cosas, los legisladores quieren saber si algunos de los blancos del operativo -los que suministraron las armas de alto calibre a los carteles de la droga en México- podrían haber sido informantes pagados del FBI.
"Aunque esta es información preliminar, de comprobarse, tendría drásticas repercusiones. No sólo significaría que dinero de los contribuyentes pudo haber financiado a quienes ayudan a armar a los carteles de la droga mexicanos, sino que también significaría que la ATF, sin querer, pudo haber dirigido" sus acciones contra los informantes, señalaron Issa y Grassley.
El contrabando de cerca de 2.000 armas, principalmente semiautomáticas, se ha convertido en un escándalo mayúsculo para ATF y ha suscitado tensiones en las relaciones entre EE.UU. y México.
Algunas de estas armas han sido vinculadas con los asesinatos de dos agentes federales de Estados Unidos, Brian Terry y Jaime Zapata.
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