Madrid, 14 feb.- La fundación Unidad+Diversidad, la plataforma Sesión de Control y HazteOir.org han presentado una querella contra los 16 magistrados de la Audiencia Nacional que excarcelaron a la etarra Inés del Río en aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot.
Según informa HazteOir.org estas tres entidades cívicas acusan a los magistrados de prevaricación por la decisión que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó el pasado 22 de octubre y piden al Tribunal Supremo que les tome declaración como imputados.
Además, actúan contra la administración general del Estado como responsable civil subsidiaria.
Según explica el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, en un comunicado "la excarcelación de Inés del Río se decidió con discrecionalidad prevaricadora al día siguiente de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictara una sentencia contraria a aplicar a esta terrorista la llamada doctrina Parot sobre liquidación de penas".
Arsuaga recuerda que Inés del Río es autora de veinticuatro asesinatos y que fue condenada a 3.828 años de cárcel de los que sólo ha cumplido 26, "a razón de poco más de un año por cada una de sus víctimas" y añade que "la aplicación de la doctrina Parot evitó que esta asesina se beneficiara de un cómputo de penas más favorable y saliera en 2008 de la cárcel".
Explica que el Tribunal Supremo y el Constitucional respaldaron que siguiera en la cárcel hasta 2017 pero el TEDH resolvió el pasado 21 de octubre que esa doctrina es contraria al convenio europeo de derechos humanos.
La querella sostiene que "los dieciséis magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional excarcelaron a Inés del Río sin ser competentes para hacerlo, sin que España hubiese recibido aún una notificación oficial de la sentencia del TEDH, sin que existiera una traducción oficial y sin que las partes, el Estado y la terrorista hubiesen tenido tiempo de personarse como es preceptivo".
Añade que todos estos hechos vulneran claramente el proceso y vician el auto de excarcelación y que los magistrados querellados hicieron uso "torcido del derecho con un fin predeterminado, el de alcanzar una resolución a todas luces injusta a sabiendas de su injusticia".
Por su parte, el representante de Sesión de Control, Javier Santamaría, asegura que suscribe esta querella "como vía para alcanzar la justicia que es debida a las víctimas y para que se cumpla la ley" y explica que "los jueces tienen una responsabilidad muy específica y han de ser ejemplo en el cumplimiento de las normas".
Por Unidad+Diversidad, Santiago Ardura estima que "la premura de la Audiencia Nacional en la aplicación de la decisión del tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot se debe a la influencia que podía haber tenido el retrasarla en las elecciones europeas".
Universidad+Diversidad considera que "ETA no está derrotada y está cada vez más cerca de cumplir sus objetivos y más presente en la vida política institucional".
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