Los estados empiezan a tomar posiciones dentro de las energéticas y cada vez son más las participaciones públicas en el capital de este tipo de compañías, hasta tal punto que ya marca tendencia, sobre todo en Europa. Noruega, Francia, Italia o Suecia son algunos de los países que disponen de este instrumento, mientras que en Estados Unidos hasta el 12,6% de la energía que los ciudadanos consumen proviene de compañías de titularidad pública.
De entre los 10 principales estados productores de energía renovable, hasta 9 cuentan con una empresa con un mínimo del 50% de participación pública. Estas son Vattenfall (100% de Suecia), Statkraft (100% de Noruega), Ørsted (50% de Dinamarca), Axpo (100% de participación de los lados nororientales de Suiza), Verbund (51% de Austria), Fortum (50,76% de Finlandia), Mercury (51% de Nueva Zelanda) y Landsvirkjun (100% de Islandia).
Uno de los casos más recientes es la nacionalización completa de EDF por parte de Francia. El Estado galo posee la totalidad del capital y los derechos de voto de la eléctrica. Cuando se conoció la operación, la empresa arrastraba un pasivo de 43.000 millones de euros y desde el Elíseo se han propuesto poner en servicio seis nuevos reactores nucleares a partir de 20235, con un coste estimado de al menos 52.000 millones de euros. Alemania también ha nacionalizado Uniper, la mayor gasista del país. En este sentido, las fuentes consultadas indican que el sector público jugará un papel clave en la nueva política energética hacia las cero emisiones.
Aumenta la independencia energética
Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subraya que un territorio disponga de una compañía de energía pública garantiza la independencia energética y disminuye la necesidad de generación e importación de combustibles fósiles, asegurando un factor crítico de la estabilidad económica como es la seguridad energética y rebajando los riesgos que comportan los imprevistos relacionados con devaluaciones del crudo, el gas o el carbón. El documento pone en valor que 32 de las 50 empresas más grandes del sector eléctrico internacional disponen de participación pública: Hydro-Quebec (Canadá), Tennessee Valley Authority (EE UU), Tepco (Japón), y las francesas EDF y Engie.
Asimismo, la organización mundial también resalta la necesidad de que crezcan las compañías de titularidad estatal (State-Owned Companies en inglés) en aquellos países donde todavía no están con el objetivo de avanzar más rápido hacia la descarbonización de las actividades energéticas a nivel global. En este sentido, destaca que la fuerza impulsora de la propiedad estatal puede influir directamente en que se invierta más en energías renovables y se dependa menos de combustibles fósiles. Por su parte, según los cálculos de la Comisión Europea, basados en el recurso de comparación de datos de empresas Orbis, el 60% de la generación de electricidad en Europa corre a cargo de compañías de titularidad pública. En el caso de los Países Bajos, Chipre o Dinamarca representa casi la totalidad de la oferta disponible.
En España, sucedió el caso contrario. Tanto el PSOE como el Partido Popular participaron en la privatización de Endesa. El proceso comenzó durante el Gobierno de Felipe González y terminó con el de José María Aznar, mientras que el grupo italiano Enel la compró cuando ya era privada por completo. En la actualidad, el país no posee ninguna participación en ninguna eléctrica, pero Sumar ha cargado duramente contra el sector. En su programa electoral a las elecciones del 23J planteó una reforma de la Ley del Sector Eléctrico para separar la actividad de distribución de energía eléctrica de las de generación y comercialización, lo que significaría trocear por completo a las compañías. Desde Unidas Podemos también han venido reclamando la creación de una energética pública estatal.
En España, las comunidades autónomas marcan la pauta
Aunque parece inverosímil que aquí vayamos a ver al Estado entrando en el accionariado de las Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol, en España hay comunidades autónomas que han dado un primer paso creando su propia eléctrica para abastecer de luz a los edificios públicos -no para la venta al cliente privado-. Es el caso de L'Energètica en Cataluña, que planea invertir 1.000 millones de euros hasta 2040 en instalaciones de renovables por toda la comunidad. Lleva un año funcionando bajo la dirección general de Daniel Pérez y para este año espera alcanzar los 3.000 puntos de suministro -ya tiene unos 1.000-. El objetivo es el de proveer de electricidad propia a todo el núcleo de la administración catalana.
En 2024, destinará 39 millones de euros el año que viene a la instalación de placas solares en edificios de la Generalitat, cofinanciados con fondos europeos Feder. En 2023 invirtió 19 millones, lo que hará un total de 58 millones en sus dos primeros años. Por su parte, en Galicia ha nacido otra compañía de capital público-privado, denominada Recursos de Galicia. Forman parte una treintena de empresas y la Administración autonómica. La Xunta es el principal accionista con un 30% y Abanca, Megasa, Finsa, o Ence son algunas de las compañías que la acompañan en el capital. La previsión es que movilice entre 2024 y 2027 en torno a 250 millones de euros en inversiones directas que generarían más de 1.000 millones de euros en proyectos renovables, según avanzó el consejero delegado de la sociedad, Emilio Bruquetas, en una entrevista con Europa Press.
