El sector energético reclama al Gobierno que elabore una planificación de la red eléctrica al estilo francés. En concreto, las eléctricas piden que se identifique la nueva demanda en función de los distintos polos industriales del país, como puede ser, por ejemplo, el polígono petroquímico de Tarragona, con el fin de que se anticipen las inversiones y se dote al sistema de una mayor flexibilidad. El país galo ha identificado más de 90 puntos y ha anticipado nueva potencia con un horizonte a diez años vista.
En España, el acceso de los proyectos a la red eléctrica, como un centro de datos o una fábrica de baterías para coches eléctricos, funciona bajo modelo ventanilla, es decir, a petición del propio interesado. Y el sector se queja de que ante tan falta de previsión los permisos para el acceso y conexión pueden demorarse hasta cinco años, lo que supone un riesgo potencial para el traslado de inversiones a otros países.
Además, las compañías califican de "poco ambiciosa" la modificación puntual a la Planificación de electricidad con horizonte 2026 lanzada recientemente por el Ejecutivo. Esta recoge 64 nuevas actuaciones por todo el país, que implican un incremento de inversión neta de 321 millones de euros sobre los 6.964 millones de euros previstos originalmente. Hay modificaciones que suponen actuaciones nuevas, adicionales a las incluidas en la Planificación vigente y otras que rebajan costes de actuaciones que ya estaban previstas. Las modificaciones se nutren de una partida de la adenda del Plan de Recuperación de 931 millones de euros, de modo que no incrementan la factura de los consumidores y no es exclusiva para las modificaciones, aunque desde el sector no entienden que no haya sido más elevada.
El sector no entiende tanta generación 'verde' sin demanda
Del total de actuaciones, tan solo 17 corresponden a atender nuevas demandas de elevada potencia. En este punto, valoran que se apueste cada vez más por conectar a la red generación renovable, pero no entienden una explosión de la producción 'verde' sin grandes consumidores detrás dispuestos a gastar dicha electricidad. "Necesitamos generación renovable, pero también demanda que la consuma", apuntan las fuentes consultadas.
Por su parte, el Ejecutivo defiende en su propuesta que las modificaciones responden a la necesidad de adaptar urgentemente el diseño de la red eléctrica a nuevos proyectos, muchos de ellos a su vez resultado del Plan de Recuperación y sujetos a plazos concretos de ejecución, que no podrían culminarse a tiempo con el diseño previsto anteriormente. La justificación del Gobierno va en línea con las peticiones del sector, pero, según este, el departamento que dirige Teresa Ribera se ha quedado corto.
"El Gobierno no quiere hacer un cambio muy drástico y lo está dejando todo para la nueva planificación del periodo 2026-2030, pero estamos hablando de que puede tardar hasta un año y medio en aprobarse y los proyectos industriales no pueden esperar tanto para ver si se les va a dar acceso a la red. Estamos hablando de consumidores que quieren conectarse a la red y que, por otro lado, resolverían el problema de vertidos (la energía sobrante producida con renovables) ante el problema actual de demanda", argumentan las fuentes.
Las empresas consultadas también ponen de manifiesto que la distribución no dispone en España de una planificación vinculante -como sí disfruta el transporte- y que no se ha incluido en la modificación ninguna propuesta asociada a necesidades de refuerzo solicitadas para atender a nuevas demandas en distribución. Aluden también a problemas regulatorios y a la tardía con la que se les reconoce las inversiones. "Una mayor agilidad y flexibilidad acortaría los plazos en los nudos donde realmente se necesita", aseguran.
Las distribuidoras también están a la espera de conocer la tasa financiera para el periodo 2026-2031, pero el calendario de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) obliga a esperar hasta final de año. No obstante, desde el sector esperan una modificación de la metodología con la que se calcula la retribución que reciben y que esta se adapte a la situación actual que viven los mercados internacionales de la deuda. En definitiva, se espera una mayor rentabilidad en línea con la que ofrecen el resto de países europeos para evitar fuga de inversiones.
Más inversión
Además, Transición Ecológica ha abierto la puerta a elevar el límite anual de inversión en redes eléctricas. En el caso del transporte, de la que se encarga Red Eléctrica de España (REE), y en el de distribución, que tiene como principales actores a Iberdrola, Endesa y Naturgy, son las empresas las encargadas de desarrollar las redes, aunque tienen establecido un tope anual a la inversión, ya que estas son asumidas finalmente por los consumidores vía factura de la luz a través de los peajes como uno de los costes regulados. Este tope es del 0,65% del PIB anual para el transporte, excluyendo las inversiones en interconexiones, y del 0,13% del PIB para la distribución, excluyendo en este caso las inversiones relativas a la digitalización.
