El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España ha publicado por primera vez el dato 'en vivo' de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según los registros compartidos por la cartera de Elma Saiz fueron 376.330 hogares en febrero, de los que 194.988 también percibieron la ayuda destinada a menores, el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAI), mientras que otras 181.332 familias solo perciben esta segunda ayuda. El Gobierno aporta las tres cifras juntas para dar un dato total de 557.405 hogares beneficiarios en el último mes. Las fuentes de la cartera matizan que se trata de una sola ayuda, pero la AIReF en sus evaluaciones analizaba ambas prestaciones de forma separada, por lo que este medio se ha decantado por seguir el criterio del fiscalizador.
El órgano que preside Cristina Herrero contabilizó en diciembre de 2022 un total de 283.811 hogares que recibían esta ayuda, pero Seguridad Social argumenta que eran 406.635 al sumar a las familias que solo percibían la ayuda destinada a la infancia. Fuentes del departamento de Saiz defienden que este método también es correcto por accederse a las dos prestaciones mediante la misma solicitud, si bien se acogen al dato de cobertura que arrojó la AIReF a partir de este resultado en 2022. Un 58% de los potenciales beneficiarios no la habían solicitado entonces, por desconocer que existía esta ayuda o por las barreras burocráticas que presenta. Si bien, la cartera desconoce cuál es el porcentaje a fecha de hoy o para el año 2023, por el retraso que se produce a la hora de conocer los datos de renta de los hogares.
Por su parte, el número de beneficiarios ascendió a 964.787 personas en febrero, si se deja el margen el volumen de ellos que solo percibieron el CAI y pasa los 1,6 millones en el caso de sumar los tres datos. Más de 545.033 personas han tenido acceso a las dos ayudas este mes. Por comunidades, Andalucía acumula casi un tercio de los perceptores y guarda una distancia muy significativa con el resto de territorios, seguida de la Comunidad Valenciana (176.109) y Cataluña (172.534). Al tiempo que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen el número más reducido, con 8.677 y 9.878 perceptores respectivamente, seguidas de La Rioja (11.726).
Esta es la primera vez que el Gobierno da a conocer la estadística pormenorizada tras más de tres años en los que ha aportado el dato acumulado, que en febrero ya supera los 773.654 hogares, de acuerdo con las cifras facilitadas este jueves. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social explican que al inicio de la prestación, lanzada en 2020, esta imagen acumulada era la que mejor representaba la evolución de la ayuda, por ser una política pública nueva en la que España iba retrasada respecto al entorno europeo. Algunas comunidades autónomas sí habían puesto en marcha sus propias rentas autonómicas antes de la llegada de la pandemia, que se complementan con el IMV, si bien la ayuda estatal ha ganado peso en los últimos años.
El Ministerio de Seguridad Social hace un balance positivo de estos registros, por la complejidad que supone identificar e informar a los potenciales beneficiarios, pero es consciente del margen de mejora que existe. Las fuentes del departamento creen que el mayor volumen de 'non take-up' viene dado por el carácter diferencial de la ayuda, esto es, que completa la renta que ya tiene el beneficiario, de forma que la cuantía es mayor o menor en función del umbral del que se parta. Por ello, estiman que una proporción relevante de los que no acceden a la ayuda son los que ganarían una pequeña cantidad de dinero y no se ven incentivados a afrontar el trámite burocrático.
Además, ahora hay una vía abierta por la que el número de beneficiarios del IMV podría incrementarse de forma significativa. La mesa de diálogo del subsidio por desempleo que capitanea el Ministerio de Trabajo quiere crear una 'pasarela' para derivar a cinco colectivos que engloban a unas 122.000 personas, según los datos compartidos por los representantes de los sindicatos tras la reunión del pasado viernes. Se trata de personas que ahora están amparadas por la protección por desempleo pero que se entiende que su principal problema no son las dificultades para encontrar trabajo, sino de otra índole, ligados a la inclusión.
