Vía libre para la gestión autonómica del Ingreso Mínimo Vital (IMV). El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado este miércoles un recurso presentado por diputados del Partido Popular contra el apartado de la ley 19/2021 que recogía la posibilidad de que Navarra y País Vasco asumieran la gestión de esta ayuda. Se trata de la segunda vez que se pronuncia en este sentido, ya que los representantes de Vox también motivaron un recurso de inconstitucionalidad contra este punto, por lo que se han remitido a los argumentos expuestos entonces. El Alto Tribunal asegura que no afecta a la "caja única" de la Seguridad Social, ya que los territorios deben aplicar normativa estatal y que este nivel de gobierno mantiene algunas funciones.
La sentencia, que ha contado con unanimidad, también defiende que la situación de estas comunidades es especial por contar con un sistema de financiación particular que les permite asumir "el pago de la prestación, descontando posteriormente del cupo y aportación el importe que se derive del Concierto y Convenio económico con el Estado"; a pesar de no tener diferencias en materia de Seguridad Social. Y también desestima que se haya vulnerado los artículos de la Constitución señalados por los diputados recurrentes (149.1.17, 14 y 41), dado que no representa una amenaza para el mantenimiento del modelo unitario de Seguridad Social, la denominada como "caja única" del sistema público de pensiones.
Actualmente, solo País Vasco y Navarra controlan la ayuda impulsada por José Luis Escrivá en 2020, pero desde diciembre todas las comunidades de régimen común pueden solicitar su gestión, dado que el Gobierno aprobó esta cesión en el último Consejo de Ministros de 2023. "Se aprueba la cesión de la gestión del ingreso mínimo vital a todas aquellas comunidades autónomas de régimen común que así lo deseen y de esta forma, se equipararán con las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido" explicó entonces Pedro Sánchez. Este punto estaba recogido en los acuerdos firmados por el PSOE con los partidos independentistas catalanes y se materializó tras mantener una reunión con el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Nota de prensa | El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad desestima el recurso de inconstitucionalidad del PP y confirma que el País Vasco y Navarra tienen competencia para gestionar el ingreso mínimo vital https://t.co/VWVpQc6x2y pic.twitter.com/8z4F6sqCfg
— Tribunal Constitucional de España (@TConstitucionE) February 28, 2024
Ni Cataluña ni el resto de territorios de régimen común han asumido ya esta gestión, si bien los representantes políticos de siete autonomías han expresado su voluntad de asumir el IMV: Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Castilla y León, Baleares y Cataluña, varias de ellas gobernadas por el mismo partido que había impulsado el recurso. No obstante, Madrid ha explicado estos días que no solicitará la gestión de la ayuda hasta que el Gobierno no solucione su diseño deficiente que enfrenta un problema de cobertura, por la que no llega a una parte importante de los potenciales beneficiarios, como han señalado la AIReF, Oxfam y Save the Children.
El departamento que ahora dirige Elma Saiz es consciente de estos fallos, por lo que ha anunciado la puesta en marcha de una campaña para mejorar el alcance del IMV y se ha comprometido a compartir el número 'vivo' de beneficiarios de la ayuda una vez al mes. El primero de estos datos se hará público este jueves, según ha trasladado Seguridad Social, después de más de tres años en los que solo se ha dado a conocer el número agregado de hogares que lo han recibido desde su puesta en marcha. De acuerdo con los datos de enero, 750.000 hogares y más de 2,2 millones de personas la han recibido desde 2020. La mayoría de ellas son mujeres y tiene un impacto elevado en familias con menores a cargo, junto al Complemento de Ayuda a la Infancia.
El Gobierno tiene pendiente llevar a cabo una reforma en profundidad de esta ayuda, según se reflejó en el acuerdo de coalición que sellaron PSOE y Sumar en octubre. La idea del socio minoritario es eliminar obstáculos y simplificar sus requisitos, tal y como trasladaron en campaña electoral y quedó reflejado en el texto de gobierno. El Ministerio de Trabajo y Economía Social también va a impulsar una reforma parcial de la ayuda al crear una "pasarela" para derivar a cinco colectivos que agruparían a unas 122.000 personas -según los cálculos transmitidos por los sindicatos- desde el subsidio por desempleo al ingreso mínimo vital, por entender que su problema excede de las dificultades para encontrar un empleo y afecta a la esfera de inclusión.
