AMNISTÍA AFIRMA QUE HAY “CRISIS DE LA VIVIENDA” EN ESPAÑA 10 AÑOS DESPUÉS DEL INICIO DE LA RECESIÓN

- Los desahucios por impago del alquiler y la falta de acceso a un hogar afectan sobre todo a las mujeres. Amnistía Internacional (AI) aseguró este jueves que en España hay “crisis de la vivienda” 10 años después del inicio de la recesión económica porque las autoridades han dado “pasos hacia atrás” en lugar de proteger a miles de personas afectadas por esta situación, sobre todo mujeres que encabezan hogares monomarentales y víctimas de violencia de género.
Así lo recoge en su informe ‘La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España’, presentado hoy en una rueda de prensa en Madrid por Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional, y Koldo Casla, autor del informe, y que contó con el testimonio de Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la Venta de Viviendas EMVS.
El informe señala que España sólo tiene un 2% de viviendas sociales, frente a un 32% de Países Bajos, un 20% de Austria, un 18% del Reino Unido y un 17% de Francia, y es el país donde el gasto personal en el hogar se ha incrementado más en la UE, al pasar de un 17,4% en 2005 a un 23% en 2015.
Además, subraya que España es uno de los países de la UE que menos gasto público emplea en vivienda (un 0,5%, en comparación con un 1,44% de Francia o un 0,61% de Eslovaquia) y que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 reduce la partida dedicada a acceso a la vivienda y fomento de la edificación a 466 millones, un 20,6% menos en comparación con 2016.
“La crisis del derecho de la vivienda no ha terminado en España. No sólo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones, se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano y no de un bien de inversión”, afirmó Suárez-Llanos, quien añadió que “esto queda reflejado en el hecho de que ni siquiera es un derecho protegido con las máximas garantías en la Constitución”.
“OSCURANTISMO”
Para Amnistía Internacional, esta crisis está rodeada de “oscurantismo” porque no hay datos desagredados sobre los 34.193 desahucios por impago de alquiler que se produjeronel año pasado y no se distingue entre locales comerciales y viviendas. “Es imprescindible conocer la verdadera situación que existe en España sobre el derecho a la vivienda: cuántas personas han perdido sus casas y, sobre todo, cuántas de ellas son mujeres o se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, es decir, si son víctimas de violencia de género, si son hogares monomarentales, si hay en ellos menores, personas mayores o personas con discapacidad”, añadió Suárez-Llanos.
La organización indica en su informe que esos “pasos hacia atrás” se refieren a liberalizar y flexibilizar los contratos de alquiler y el proceso de desalojo como consecuencia de varias reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así, señala que en la Ley de Enjuiciamiento Civil no existe una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y estudien uno a uno las circunstancias personales de cada caso, ni tiene en cuenta las desigualdades de género, algo que provoca una mayor discriminación hacia las mujeres porque son quienes constituyen una parte desproporcionadamente alta de quienes realizan trabajos a tiempo parcial, suelen estar en el lado inferior de la brecha salarial y a menudo asumen el cuidado de otras personas en el hogar.
Un ejemplo es el hecho de que el índice medio de exposición a la pobreza en España es de un 22,1%, que asciende hasta un 37,5% en las familias monoparentales, el 83% de las cuales están encabezadas por mujeres.
Además, apunta que la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 menciona a las mujeres víctimas de violencia como colectivo prioritario para acceder a viviendas sociales, pero en el caso de Madrid se exige una sentencia condenatoria o una orden de protección, lo que en la práctica supone que la mayoría de las víctimas de malos tratos no consigue el apoyo necesario para que se proteja su derecho a la vivienda.
DESAHUCIOS EN BARCELONA Y MADRID
Por otro lado, el informe apunta que las provincias de Barcelona y Madrid acumulan un 34% del total de desahucios en 2016, con 6.710 y 4.760 desalojos por impago de alquiler, respectivamente. Además, señala que la situación es “especialmente preocupante” en Madrid para las personas afectadas por la venta de unas 4.800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión que tuvo lugar entre 2011 y 2013 por parte de la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la capital.
Amnistía Internacional ha entrevistado a 14 de ellas, así como a organizaciones representantes de personas afectadas, y denuncia que, a pesar de que las autoridades prometieron que las condiciones de los inquilinos no cambiarían, no ha sido así. “Los gastos de alquiler subieron, muchas personas han sufrido la denegación de la prórroga de ayudas a la vivienda, puesto que ya no son de propiedad pública, y todo ha sucedido en un clima de miedo, estigmatización y desinformación”, aseguró Casla, que agrega que sigue sin haber solución para estas personas más de cuatro años después.
Por ello, Amnistía Internacional pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que garantice que el marco jurídico que regula el procedimiento de desalojo incorpora salvaguardias adecuadas, incluida una prueba de proporcionalidad, así como adoptar un protocolo marco en relación con los desalojos que incluya medidas para garantizar la coordinación entre tribunales y autoridades municipales para proporcionar viviendas alternativas adecuadas a las personas con recursos limitados.
Presentar en el Parlamento un proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda basado en las normas internacionales de derechos humanos, trabajar junto con las comunidades autónomas para destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda socia y modificar la Ley de Violencia de Género para que se incluya el daño y el abuso económico en estos casos son otros ‘deberes’ de AI para el Gobierno español.
Para las comunidades autónomas y ayuntamientos, Amnistía reclama que destinen más recursos a ampliar el parque de vivienda social y las ayudas a la vivienda, y evalúen el impacto de sus políticas de vivienda, especialmente en las mujeres. Respecto a Catauña, solicita que mejore la coordinación de los servicios sociales, de vivienda y de víctimas de violencia de género, y que asegure la efectiva aplicación de los protocolos. Y en relación a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, AI ha lanzado la campaña ‘El derecho a la vivienda #NoSeVende’ para que protejan a las personas afectadas por la venta de viviendas sociales.