La Cámara de Barcelona pide "no discriminar" a la industria catalana con la reforma del peaje eléctrico

En un comunicado este sábado, y ha añadido que esta decisión política, que perseguía contar con el voto a favor del PNV para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), supone una discriminación para un número importante de empresas del conjunto del Estado, pero especialmente de Catalunya.

Y es que están afectadas 3.277 empresas catalanas de un total de 5.800 del conjunto de España presentes en las redes de 25 kV de tensión, y el sobrecoste para las compañías catalanas se traduce en unos 200 millones de euros anuales.

Con el acuerdo entre el PP y el PNV, el Gobierno central se compromete a englobar las tensiones de 30 a 36 Kv en la tarifa 6.2 a partir de 2018, mientras que quedan excluidas las empresas presentes en redes de 25 kV, como ocurre en la industria catalana.

La Cámara ha lamentado que una empresa industrial suministrada en tensión de 25kV --la más habitual en Catalunya-- acabará pagando un sobrecoste del 45% por el peaje de acceso y, como consecuencia, su factura eléctrica será entre un 15% y un 20% superior a la de otra industria de las mismas características pero suministrada a 30kV, mayoritariamente en País Vasco, Navarra, Andalucía, Casilla y León, Cantabria o Asturias.

SIN JUSTIFICACIÓN

"Una decisión política de este tipo no tiene ninguna justificación económica ni empresarial", ha insistido, y ha advertido de que el diferencial en el coste de producción afecta directamente a una reducción en el margen y, en consecuencia, de la inversión futura y la posibilidad de creación de empleo.

Además, ha destacado que este "agravio comparativo" no sólo perjudicará la competitividad de las empresas catalanas dentro del mercado español, sino que también lo hará con las exportaciones, ya que competirá con empresas ubicadas en otras comunidades que tienen menos costes de producción.

Ha recordado que España es uno de los países en los más han aumentado las tarifas eléctricas en los últimos años, y ha reclamado al Gobierno central la inmediata aplicación de la tarifa 6.2 en todas las instalaciones con potencia de 25kVo superior para evitar "una situación de discriminación".