La empresa panameña Genisa, concesionaria del polémico proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, rechazó este martes un acuerdo entre el gobierno y una comunidad indígena, que la excluye de la operación de la planta, y amenazó con acciones legales.
"Nos reservamos el derecho a ejercer las acciones y utilizar los mecanismos legales a nuestra disposición para proteger nuestro derecho a un trato justo y equitativo de nuestra inversión", dice Genisa en un comunicado.
La compañía, con inversionistas norteamericanos y centroamericanos, pidió al gobierno panameño "que se cumpla con los principios de legalidad y respeto a nuestros derechos como concesionarios a la propiedad privada y a la seguridad jurídica".
Manuel Domínguez, secretario de Comunicación, refutó este martes en su cuenta Twitter los argumentos de la empresa y señaló que "Genisa colaboró en todo momento con los términos del acuerdo, y de hecho aportó soluciones al mismo".
Tras más de un año de mediaciones de la ONU, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, firmó el lunes un acuerdo con autoridades de la comarca indígena Ngäbe Buglé, que se oponían a la hidreoléctrica Barro Blanco por temor a perder sus tierras.
Varela calificó como "histórico" el pacto que establece que Generadora del Istmo (Genisa) "se retira de la operación" y será remplazada por un tercero "con suficiente experiencia para la operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas".
Las acciones de Genisa serán traspasadas a un fideicomiso en garantía del "repago de préstamos otorgados por los bancos multilaterales de desarrollo" para la construcción de la represa.
Sin embargo, Genisa afirma que "no es parte de este acuerdo" y mostró su "desacuerdo ante las imposiciones incluidas en dicho convenio", que según la compañía, "vulneran y menoscaban nuestros derechos bajo el contrato de concesión" y "los derechos que amparan a nuestros inversionistas".
Barro Blanco, financiado por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), está ubicado cerca de Ngäbe Buglé, en el suroeste del país.
En febrero de 2015 el gobierno panameño ordenó la paralización del proyecto por incumplimientos ambientales, aunque permitió que la empresa terminara las obras.
El Coordinador Residente de la ONU en Panamá, Martín Santiago, calificó como "un referente" para la comunidad internacional este acuerdo, mientras que Genisa calculó hace meses las pérdidas en Barro Blanco en más de USD 130 millones.
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