Según los documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, la operación fallida comenzó en 2007, antes de la 'crisis del ladrillo', cuando la sociedad INSOC PARKING SL añadió a su capital social la titularidad de varias fincas en las que proyectaba construir los aparcamientos subterráneos.
Esas fincas eran restos de la construcción de los edificios ubicados en las parcelas. La de Barrio del Pilar estaba delimitada por la avenida de Betanzos, la calle de La Bañeza y la avenida Monforte de Lemos --la titularidad de este tipo de restos habitualmente suele recaer sobre el ayuntamiento como suelo urbano no consolidado--.
Según narran los afectados, en paralelo a la adquisición de esos terrenos, la sociedad contactó con el Ayuntamiento de Madrid para obtener información sobre la posibilidad de conseguir licencia para la construcción, pero desde recibieron una respuesta abierta "sin asegurarles" en ningún momento que fuera posible ejecutar esa obra.
CRÉDITOS HIPOTECARIOS
Con esa respuesta, la empresa se dirigió a varias entidades hasta que en dos, usando como garantía dichos terrenos y su posible futuro uso, obtuvo préstamos hipotecarios por un valor de 52 millones de euros en 2007.
Una vez conseguida la financiación, se encontraron con la negativa del Ayuntamiento, quien tras recibir la solicitud de licencia en 2008, en 2009 la desestimó. No obstante, la promotora de los garajes se "agarró" a un escrito del Ayuntamiento, que en 2009 indicó que el proyecto "sería viable pero siempre sujeto a la obtención de las preceptivas licencias".
Pero el proyecto perdió toda viabilidad cuando en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid del 14 de abril de 2011, se inadmitió a trámite el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos que permitiría la implantación del garaje subterráneo.
Sin esa autorización previa, y conforme el Consistorio iba denegando el permiso para continuar con el proyecto, la empresa comenzó a pedir prórrogas para el pago del crédito y desde las entidades financieras autorizaron "múltiples ampliaciones". En 2013, dichas entidades cedieron los préstamos hipotecarios que gravan esas fincas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (SAREB), también conocido como el 'banco malo'.
QUE SE INVESTIGUE
Ahora, el caso ha llegado al Ministerio Fiscal a quien se le pide que valore si los hechos son constitutivos de un delito de fraude. Por su parte, desde el Banco de España tras analizar el caso se han declarado no competentes y lo han remitido al Banco Central Europeo (BCE) para que lo estudie.
Ambos organismos deberán valorar si desde las entidades financieras implicadas en la operación se valoró correctamente el riesgo que suponía conceder créditos hipotecarios por ese valor sin poseer las licencias previas necesarias para la construcción de dichos aparcamientos.
Esta petición coincide en el tiempo con la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional de una querella contra el presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y una veintena de responsables de la entidad, por la concesión de hipotecas sobrevaloradas de alto riesgo.
La denuncia apunta a que los dirigentes de la caja permitieron "el falseamiento y ocultación de cuentas" mediante la práctica de inflar estos créditos y concederlos sin garantías reales de devolución.
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