Alejandro Sanz es uno de los artistas españoles más involucrados en la lucha contra los reventas. El negocio de comprar entradas de conciertos para luego venderlas con un sobrecoste se ha convertido en una práctica generalizada en nuestro país de la que muy pocos artistas a nivel mundial se libran: el propio Sanz, Shakira, Lady Gaga o los últimos, U2. El cantante, que creció en el barrio madrileño de Moratalaz, no dudó en descolgar el teléfono y pedir hablar con el ministro de Educación, Cultura y Deporte ante lo que estaba viendo: los tickets para su concierto se habían agotado en cuestión de minutos y, de forma paralela, se estaban comercializando en otros portales de Internet, pero con un plus.
La conversación entre Alejandro Sanz y el ministro Íñigo Méndez de Vigo no fue agradable. El artista se quejó ante el también portavoz del Gobierno del negocio al margen de la ley que estaban realizando estos grupos organizados. Las entradas para su concierto se agotaron en apenas media hora, pero portales como Stubhub o Seatwave (de Ticketmaster) ofrecían esos tickets por un precio superior. De esta forma, los fans de Alejandro Sanz que no hubieran estado rápidos a la hora de comprar su entrada tenían que pagar un porcentaje extra si querían acudir al concierto.
Alejandro Sanz, según fuentes conocedoras de la conversación, reprochó al ministro Méndez de Vigo que él cobra una cantidad fija como caché por sus espectáculos, pero que estos grupos estaban ganando importantes cantidades de dinero a su costa, y la de otros muchos artistas, sin hacer prácticamente nada y desvirtuando los precios. Un negocio, además, limpio ya que no tienen que pagar impuestos. El titular de Cultura se comprometió con el cantante a encontrar una solución a un problema que ya ha provocado que algunos compradores hayan sido estafados con entradas falsas o duplicadas.
El problema es que la organización de espectáculos públicos es una competencia transferida a las comunidades autónomas, de forma que no se puede aprobar una ley nacional sobre la materia. Desde el Ministerio de Cultura sí que se están impulsando medidas encaminadas a acabar con una práctica que supone una "limitación de facto al acceso a la cultura que debe ser promovido y tutelado por los poderes públicos", tal y como recoge el artículo 44.1 de la Constitución. Se han organizado conferencias sectoriales ante un problema que no para de repetirse como ha quedado demostrado con la reventa del próximo concierto de U2 que ya está investigando la Policía.
Conductas tipificadas en el Código Penal
Se trata de un vacío legal parecido al que se produce con las criptomonedas, aún sin regular y cuya solución tiene que venir a nivel comunitario. El Gobierno admite que es "difícil" encontrar un encaje en la legislación a la lucha contra la reventa por Internet. Sin embargo, sí que existen algunas conductas que practican estos grupos claramente tipificadas en el Código Penal y que podrían ser imputables a personas concretas.
Por ejemplo, si los reventas usaran programas informáticos para obtener las entradas antes de ponerse a la venta se podría estar hablando de un delito tipificado en el artículo 197 bis del CP de acceso no autorizado a un sistema de información. Asimismo, si estos reventas obtienen las entradas impidiendo el acceso a los sistemas informáticos a otros compradores se podría hablar de un delito tipificado en el artículo 264 bis del CP por obstaculizar el funcionamiento de un sistema informático mediante la introducción de datos. Por último, si el propósito de un reventa fuera provocar una alteración de los precios de las entradas la conducta atípica se asemejaría, sin llegar a completar el tipo, como la descrita en el artículo 284.1 del CP: "Emplear violencia, amenaza o engaño para alterar precios que resultarían de la libre concurrencia".
Asimismo, se trata de una actividad económica no declarada a la Agencia Tributaria. Por tanto, los reventas también podrían estar incurriendo en una infracción administrativa que podría llegar a un delito fiscal dependiendo del volumen de negocio. Hay que tener en cuenta también que la reventa de entradas en la vía pública está prohibida.
El Gobierno considera, además, que los expendedores de entradas podrían colaborar de una forma más activa para acabar con la reventa. Algunas soluciones que plantea el Ejecutivo central pasan por establecer limitaciones en cuanto al número de entradas que un usuario puede adquirir, exigir tickets nominales, con fotografía o mediante tarjeta de crédito que dificulten la transmisión a terceros o, incluso, regulando la actividad, es decir, creando sitios web autorizados donde se garantice la compra-venta de forma directa.
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