Jueves, 18.10.2018 - 18:59 h
Justicia avanza para solucionar esta alegalidad

El Gobierno trabaja en una reforma legal para identificar a los usuarios de bitcoins

El Ejecutivo quere regular las operaciones con monedas virtuales de la misma manera que se controlas las transacciones financieras

Bitcoins.

Las criptomonedas han llegado para quedarse y el Gobierno se ha propuesto establecer ciertos límites a las operaciones financieras que se realizan con este tipo de divisas. El objetivo es controlar que detrás de las transacciones con estas monedas virtuales no se oculten defraudadores, blanqueadores de capitales, miembros de organizaciones terroristas, traficantes de drogas u otras mafias organizadas. Para ello, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya está trabajando en una reforma para regular una materia sobre la que existe un claro vacío: no es legal ni ilegal, es alegal.

Es el Ministerio de Justicia quien está avanzando ya en este proyecto de ley que regulará las operaciones con criptomonedas. Según explican fuentes del departamento, la nueva legislación abordará la identificación de quién o quiénes han intervenido en las transacciones con Bitcoins, Ethereums, Ripples o Litecoins, por citar las cuatro criptodivisas líderes en capitalización. "Al igual que los bancos tienen que identificar a quienes han participado en transacciones a partir de un determinado importe sería oportuno establecer lo mismo para los intermediarios de las divisas virtuales", aseguran las mismas fuentes. La futura ley, en definitiva, recogerá la necesidad de regular estas peticiones de información sobre movimientos de criptomonedas.

El problema con el que se encuentra el Gobierno es que las operaciones a través del ciberespacio tienen que estar reguladas y armonizadas a nivel europeo. "No hacemos nada si solo regulamos nosotros en España", afirman fuentes conocedoras del proyecto de legislación sobre criptomonedas. Debe haber, por tanto, una iniciativa común y al unísono de todos los Estados. El punto de partida es una Directiva europea de 2015 sobre medios de pago que ya aborda este problema, pero la UE aún tiene camino por recorrer para controlar este asunto sin legislar y que ha sido aprovechado incluso por el Estado Islámico para pedir donaciones de criptomonedas en Telegram. 

El pasado mes de diciembre se dio un primer paso en Bruselas con un acuerdo entre el Consejo Europeo (los Gobiernos) y el Parlamento para reformar la 'directiva antilavado' y exigir la identificación de quienes operen con medios de pago distintos del efectivo. "Las reglas se aplicarán ahora a las entidades que ofrecen servicios de mantenimiento, almacenaje y transferencia de divisas virtuales", explicaba la Comisión. "Estos nuevos actores deberán identificar a sus clientes y denunciar cualquier tipo de actividad sospechosa a la Unidades de Inteligencia Financiera", añadía. Transparencia, en definitiva, como la que ya se aplica en el sistema financiero, para que los delincuentes no operen bajo en anonimato y lo hagan con luz y taquígrafos.

El Ministerio de Justicia ya ha creado un grupo de expertos en la materia que están realizando sus aportaciones para esta futura legislación. En las próximas jornadas de fiscales delegados en criminalidad informática también hay prevista una sesión de trabajo específica de tres horas sobre criptomonedas. "Necesitamos regulación y tener un criterio uniforme; empezar a andar en una materia que aún está muy verde", añaden las mismas fuentes. Está previsto que el acuerdo para reformar la 'directiva antilavado' se conozca en las próximas semanas y, a partir de ahí, se inicie el periodo de 18 meses para que los Estados, incluido España, la incorporen a sus legislaciones. Es decir, el plazo máximo para aprobar la nueva ley sobre criptomonedas se situaría, como mínimo, en la segunda mitad de 2019.

Qué hacer con las criptomonedas incautadas por los jueces

Los jueces ya están teniendo algunos problemas en España con las criptomonedas. Se han dado procesos de instrucción en los que a presuntos delincuentes se les han incautado divisas virtuales. En este caso tampoco hay regulación y los profesionales de la magistratura no pueden acogerse a un protocolo de actuación como en el caso de la incautación de dinero físico. En estos casos, y al no existir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ninguna referencia a las criptomonedas, los jueces están haciendo lo que les parece oportuno: unos convierten los bitcoins en euros y los ingresan en un banco, otros han creado monederos... no hay criterio uniforme.

Otro de los problemas podría ocurrir, según las fuentes judiciales consultadas, si la administración tiene que devolver al presunto delincuente esos bitcoins. "¿Qué hacemos si transformamos la moneda virtual en euros y ésta varía su valor mientras está incautada?", se preguntan teniendo en cuenta que el objetivo es que el bitcoin mantenga el valor a lo largo del proceso judicial. Otra opción pasaría por crear billeteros virtuales que controle la administración e ingresar en ellos todas las divisas incautadas en las operaciones, pero tampoco existe regulación alguna.

La capitalización de mercado de todas las criptomonedas ha pasado de 17.000 millones de dólares hasta más de 760.000 millones en solo un año. El Bitcoin estaba valorado en 963,74 dólares a principios de 2017, pero se disparó y llegó a cotizar por encima de los 20.000 dólares para cerrar el año en 13.685 (este jueves se encontraba en el entorno de los 11.500). El resto de las monedas virtuales también han formado parte del rally. Ripple es la que más se ha revalorizado (36.000%) al pasar de 0.006 dólares a 2,21. Le han seguido NEM, Ardor, Stellar, Dash y Ethereum. Incluso el dirigente de Podemos Pablo Echenique llegó a multiplicar por 50 lo que invirtió en Litecoins.

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