La declaración de zona catastrófica no garantiza que los ayuntamientos afectados reciban las ayudas que estiman necesarias. La decisión tomada por el Consejo de Ministros de conceder esta categoría a los municipios que han sufrido la borrasca Filomena aún tiene que pasar varias pruebas de fuego. El motivo es que el texto aprobado por el Ejecutivo establece que sean los ministerios competentes los que tengan la última palabra a la hora de aplicar bonificaciones y exenciones. Un acuerdo que deja claro que serán las carteras de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social las que determinarán a cuánto ascienden las ayudas, a quiénes se destinan y de qué manera se canalizan, como confirman fuentes gubernamentales. Y que permite al Ministerio del Interior, encargado de elaborar la memoria de daños estimados, evitar posibles enfrentamientos con las corporaciones que consideren que perciben menos de lo que precisan.
Esta determinación del Gobierno central está basada en la literalidad de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. En esta, se recoge que la declaración de "una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" estará basada en "los términos que apruebe el Consejo de Ministros". A lo que se suma que las medidas de ayudas por una alteración grave "podrán adoptarse". Una redacción que no implica la obligatoriedad de conceder ese respaldo económico a las administraciones locales a los que se les haya reconocido ese estatus de zona catastrófica. Y que el Ejecutivo ha aplicado de manera literal en el texto que ha acordado este martes, al establecer que "a iniciativa de los titulares de los departamentos ministeriales competentes se podrá disponer" actuaciones como la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
De esta manera, las ministras de Hacienda y Trabajo, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, además del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tendrán la última palabra de a cuánto llegan esas exenciones. En el caso de Montero, estas podrían aplicarse al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del ejercicio 2021 y a las tasas de la Jefatura Central de Tráfico, además de al ya mencionado IBI. Mientras que Díaz y Escrivá podrán decidir sobre las "las medidas laborales y de Seguridad Social" recogidas en el artículo 24.2. b) de la ley de 2015, que abarcan la exoneración para los empresarios de las cuotas de la Seguridad Social, la moratoria de pago de cotizaciones para compañías y trabajadores e incluso la devolución de los conceptos anteriores si ya han abonado al Estado esas obligaciones tributarias.
Habrá ayudas... que no están claras
Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran a esta redacción que los municipios afectados se beneficiarán de "bonificaciones fiscales". Pero desde la cartera de María Jesús Montero matizan de que aún no está decidido "el contenido y el alcance" de esas ayudas que recoge la ley de Protección Civil. Por lo que la valoración que puedan hacer los técnicos del departamento de la ministra socialista puede ser muy distinta a las estimaciones de los consistorios. Los cuales no han escatimado en incluir partidas y daños que puedan ser susceptibles de ser considerados para las exenciones, como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Este diario también ha preguntado a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social por sus criterios para decidir sobre las medidas, sin que se haya producido respuesta de ambos por el momento.
Esta fórmula elegida por el Gobierno para determinar cómo se reparten las ayudas va a provocar que ayuntamientos como el de Madrid aún tengan que esperar para conocer si la administración central comparte su estimación de daños. Hasta tres ministros estudiarán esos informes elaborados por el consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida, que cifró en 1.398 los daños que el temporal había causado a sus infraestructuras, sus carreteras o su actividad económica. Una cantidad alta, en la que Madrid ha incluido el lucro cesante de los comercios o la hostelería, que en el Ejecutivo no acaban de compartir. Así lo ha reconocido la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha señalado que el cálculo del consistorio madrileño está "bastante desviado" respecto a las valoraciones de otros fenómenos meteorológicos recientes.
Hasta 18.000€ por un fallecido
Hasta que se conozca la decisión de los tres ministerios implicados, los municipios afectados por Filomena en Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, y Navarra ya pueden hacer las estimaciones basándose en la dotación de algunos conceptos integrados en la declaración de zona catastrófica. Según explican fuentes gubernamentales, el Ministerio del Interior establece que una ayuda por el fallecimiento de una persona a causa del temporal pueda llegar a los 18.000 euros. La cartera de Fernando Grande-Marlaska también contempla un respaldo de hasta 15.120 por los daños o la destrucción de las viviendas.
Interior contempla a la vez que los afectados por daños en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos puedan percibir unos 9.200 euros por el impacto de la borrasca. La compensación alcanzará además a las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes a las administraciones para ayudar contra temporal, para las que habrá un resarcimiento total. Los gastos que hayan afrontado los ayuntamientos por la situación de emergencia será otro concepto que se considerará, el cual puede llegar a compensarse con el 100%. Mientras que los daños en edificios públicos y la red viaria se apoyarán con hasta un 50% del coste de la reparación.
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