Solo una de cada tres familias que podrían acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) por su nivel de renta solicitan esta ayuda. Este es el dato que recoge el informe 'Ser pobre en España. El retrato de mil familias' que ha publicado la ONG Save the Cildren esta semana y que refleja la brecha burocrática con la que se topa gran parte del colectivo al que se dirige esta ayuda. Muchos hogares en riesgo de exclusión social desconocen la existencia de esta prestación, pero una vez cuentan con esta información, las trabas idiomáticas y de competencias digitales no son menores, así como las listas de espera o los problemas con el empadronamiento, por lo que el proceso de solicitud acaba operando como una barrera que no superan buena parte de los potenciales beneficiarios.
El estudio elaborado por la ONG centrada en la infancia subraya que esta situación se agrava en el caso de las familias que se encuentran en pobreza extrema, aquellas personas que viven con el 20% de la mediana de ingresos -de 1.404,1 euros para un hogar con un adulto- entre las que la proporción de no solicitud del IMV asciende al 45%. También es especialmente preocupante el dato del 54% que arrojan las familias extensas, esto es, en la que residen diferentes parientes adultos con un vínculo de sangre o de derecho. "Muchas de estas familias tienen algún miembro en situación de subempleo o desempleo. Esto tiene un efecto en su capacidad de generar ingresos lo que provoca que casi todos los niños y niñas se encuentren en pobreza monetaria, teniendo algunas familias que sobrevivir con 500 euros al mes. Estas situaciones no siempre se ven paliadas por el IMV, ya que aún hay muchas familias que no acceden".
Los académicos han definido este fenómeno como 'non-take-up' y viene a explicar la distancia que existe entre los derechos teóricamente reconocidos y los que disfruta el ciudadano en realidad. Una grieta que es especialmente grave en el caso de ayudas como el IMV que se dirigen a "prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas" tal y como explica el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones en su portal web. Sin embargo, el 58% de las personas que podrían acceder a esta prestación no la solicitan, según el último informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y en el caso del complemento a la infancia asciende al 76% con datos de 2022.
Familias sin menores a cargo
El documento elaborado por el organismo que preside Cristina Herrero realizó un perfil de las familias que pudiendo solicitar la ayuda no lo hacían. La mayoría vivían en Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid, no tenían menores a cargo y la prestación incrementaría en menos de un 30% su nivel de renta. Además, la AIReF planteó que parte de este porcentaje podría venir explicado por el hecho de ser perceptores de las rentas autonómicas que tienen el mismo fin, pero los datos disponibles no les permitían llegar a una conclusión en firme. Esta opinión, que fue publicada en junio de 2023 reflejaba unas proporciones muy similares a las anotadas en el texto presentado un año antes, por lo que buscaba ser una llamada de atención a la cartera responsable, entonces encabezada por José Luis Escrivá.
Si bien, la cartera que con la nueva configuración del Consejo de Ministros tutela Elma Saiz no era ajena a este fenómeno, dado que el número de beneficiarios está lejos de los potenciales que se buscaba alcanzar al presentar la política en 2020. El Ministerio hace público cada mes el número de receptores acumulados, es decir, las familias y los ciudadanos que la han recibido en algún momento de estos tres años y son más de 710.000 de acuerdo con el dato del mes de noviembre. En diciembre de 2022 este departamento arrojó la cifra de 549.000 hogares beneficiarios, no obstante, el informe de la AIReF redujo a solo 283.000 la cifra de los que lo estaban percibiendo en ese periodo concreto.
Tras conocer la primera opinión de este organismo -con datos de 2021- el Ministerio puso en marcha varias campañas para dar a conocer la prestación al público objetivo para el que había sido diseñada. El equipo de José Luis Escrivá puso en marcha la campaña 'Es lo mínimo' en la que a través de carpas informativas y un autobús que recorrió el país se buscaba no solo informar, sino acompañar a las personas en la realización del trámite de solicitud. Asimismo, se eliminó la obligación de presentar la inscripción como demandante de empleo en marzo de 2022 con el fin de avanzar en este objetivo de aminorar la brecha del 'non take-up', unos esfuerzos reconocidos por la AIReF, aunque recomendó aumentar los esfuerzos destinados a este propósito.
Una mesa técnica para abordar el 'non take-up'
El desarrollo de esta política suscitó sendos enfrentamientos entre el entonces responsable de Derechos Sociales y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro designado por el ala socialista del Ejecutivo. El socio minoritario defendía entonces que el diseño de esta política era insuficiente para atender la problemática social, una tesis que mantiene el espacio ahora integrado en Sumar. Aunque lo cierto es que Elma Saiz también fijó la revisión de esta prestación entre los temas clave de los próximos cuatro años en la reunión mantenida con los agentes sociales al inicio de la semana como toma de contacto. La ministra puso el énfasis en el problema de 'non take-up' y anunció la constitución de una mesa técnica de inclusión en la que estudiar la mejora de la prestación.
