Los sindicatos han iniciado el nuevo curso político con el acento puesto en las materias laborales, pero sin perder de vista las negociaciones para terciar la investidura del próximo presidente del Gobierno. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se limitaba a lamentar este miércoles que no se estén priorizando materias como el salario mínimo, las pensiones o la jornada laboral en las conversaciones entre partidos, pero fuentes de la organización reconocen en privado cierta preocupación por los pactos que se puedan cerrar de forma apresurada en las próximas semanas. Los representantes de los trabajadores entienden que algunas concesiones podrían poner en jaque ciertos avances sellados en la última legislatura.
Las fuentes del sindicato hacen referencia de forma concreta a la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social, la que se trata de una demanda histórica de los nacionalistas vascos y catalanes y que encuentran reconocida en sus respectivos estatutos de autonomía. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha sido claro al respecto, quiere tener el control de esta materia, lo que hace factible que sea una de las condiciones que ponga sobre la mesa para dar el apoyo de sus cinco diputados. La transferencia de las competencias de Seguridad Social también ocupa uno de los puntos del programa de Junts, no obstante, los de Puigdemont van a priorizar el abandono de la vía judicial a través de una investidura en estos contactos.
No sería de extrañar que los socialistas asumieran este requisito, si así se lo piden los de Aitor Esteban, dado que la entonces ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el consejero vasco de Autogobierno, Josu Erkoreka, ya llegaron a un acuerdo para realizar un traspaso progresivo de la gestión económica de la Seguridad Social en 2020. Los ejecutivos fijaron un calendario programático que se vio interrumpido por la irrupción de la pandemia y tres años más tarde, la cartera -ahora encabezada por la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez- da por cumplidos los compromisos con la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, según trasladaron a este medio.
Es precisamente esto lo que suscita la preocupación de algunos representantes sindicales que temen que tras una ardua negociación con Carles Puigdemont, los socialistas concedan un acuerdo en esta materia sin consultar antes a los agentes sociales. Admiten que si reciben la llamada del PSOE para abordar esta cuestión, acudirán, si bien ponen en cuestión que una decisión de este calado se tome en el marco de las negociaciones de investidura, con el riesgo de no reparar en cómo y cuándo hacerlo para evitar daños colaterales.
Romper la caja única de la Seguridad Social
Entre las aristas que más les preocupan, se encuentra la ruptura de la 'caja única' de la Seguridad Social, el sobrenombre con el que se conoce al fondo común al que van a parar las cotizaciones de los trabajadores y empresas del que después se hace un reparto equitativo con base en la Constitución. Sin embargo, existen formas de hacerlo sin romper la hucha, según apunta el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, en conversación telefónica con La Información. "Nadie ha definido exactamente en qué consistiría esta transferencia, pero podría no afectar a la caja única si se limita al reconocimiento de pensiones, certificaciones o el pago de las pensiones".
El economista valora que esta decisión tendría efectos en dos sentidos. El primero se refiere al incremento del coste para las administraciones públicas que podría suponer la transferencia de las funciones agrupadas en la Seguridad Social que conllevaría la creación de organismos paralelos en estos territorios y el segundo, está relacionado con la percepción ciudadana, quiénes creen los ciudadanos que trasladan estas prestaciones (pensiones por jubilación o de otro tipo, ingreso mínimo vital o incluso prestaciones por desempleo). De la Fuente estima que este segundo factor no es desdeñable y que puede ser la principal motivación para las formaciones nacionalistas y el origen de las resistencias de algunos actores del ala socialista del Gobierno.
El actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, señaló durante la campaña que se trataba de una política estatal y "seguirá siendo así", en una entrevista concedida a 'La Sexta'. Las fuentes del PSOE consultadas no concretan si esta es la opinión personal del ministro -que no cuenta con carnet socialista- o si se trata de la posición oficial. Al tiempo que desde la formación nacionalista evitan hacer declaraciones sobre las futuras negociaciones y remiten al Gobierno vasco en lo referido a esta competencia.
El lehendakari Iñigo Urkullu entiende que este es uno de los pasos fundamentales hacia la construcción de un estado independiente que tiende a vincular al reforzamiento de las pensiones públicas, el principal reclamo de cara a vender el logro de cara a la ciudadanía. El texto de 2020 abría la posibilidad de que Euskadi asumiera la recaudación de la Seguridad Social y abonase las pagas, aunque sin realizar modificaciones en las prestaciones públicas (incrementos o nuevas figuras).
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