Una tasa digital, un impuesto a las multinacionales que operan en suelo europeo, un impuesto a la huella ecológica de los productos no comunitarios que entran al Mercado Único y la ampliación del sistema de pago por emisiones (ETS) al transporte marítimo y la aviación. Con estos nuevos impuestos la Comisión von der Leyen quiere financiar su ambicioso Fondo de Recuperación, el ‘Next Generation EU’ de 750.000 millones de euros.
Sin embargo, dos de las piezas claves de este engranaje están bloqueadas desde hace años y amenazan con implosionar el plan económico diseñado por Bruselas. Desde Dublín a La Haya, de Estocolmo a Luxemburgo, son varias las capitales europeas que han manifestado en numerosas ocasiones su rechazo a una tasa digital.
Por otro lado, crear un impuesto específico a las multinacionales choca también con la autonomía tributaria de los 27 Estados Miembros. Países como Lituania, Irlanda o Rumanía tienen una base imponible baja en su Impuesto de Sociedades y resulta difícil prever que aceptarán la transferencia de una parte de esos recursos a las arcas comunitarias.
Según el Comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, Bruselas podría recaudar hasta “10.000 millones anuales” con esta tasa para “las empresas con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros” y que operan en el Mercado Único. Pero Hahn no concreta si sería un Impuesto de Sociedades europeo, un gravamen paralelo o una parte de la recaudación nacional.
La imposible Tasa Digital europea
Cuando la Comisión presentó en 2018 la también conocida como Tasa Google, sus previsiones elevaban a 5.000 millones anuales los ingresos. Sumados a la recaudación del impuesto especial para multinacionales, Bruselas podría obtener una parte sustancial de las emisiones de deuda para el Fondo de Recuperación.
Fue el entonces comisario de Economía, Pierre Moscovici, quien planteó el impuesto a las empresas tecnológicas hace poco más de dos años. Cualquier compañía centrada en actividades digitales con una facturación global superior a 750 millones de euros y unos ingresos que alcanzasen los 50 millones de euros en la UE debería ser gravada al menos al 3% en cualquier Estado Miembro donde operase. Se regulaba así la conocida como ‘presencia digital’ en el ámbito de la Unión.
Dos años y dos meses después, la tasa digital sigue encallada en el Ecofin, el Consejo que reúne a los ministros de Economía de los 27, porque choca con los intereses de Irlanda, sede de Google para Europa, o de Luxemburgo, sede de Amazon también para el continente. Hasta socios del este como Rumanía o del Norte como Lituania o Suecia la cuestionan.
El principio de unanimidad está en la base del problema. Cualquier decisión a nivel tributario para la UE debe ser aprobada por todos los Estados Miembros y la tasa digital ha chocado una y otra vez contra ese muro dentro del Ecofin. Por eso, países como España o Francia trabajan en su implantación a nivel nacional, ya que la Comisión estima que la tasa efectiva de las grandes tecnológicas (Google, Amazon, Facebook o Apple) apenas llega al 9,5% frente al 23% de los negocios tradicionales.
En su primer ejercicio fiscal en España, 2018, Netflix sólo pagó 3.140 euros en concepto de Sociedades a Hacienda. Una situación que se extiende por el continente y que la eurodiputada italiana y actual presidenta del Comité de Asuntos Económicos de la Eurocámara, Irene Tinagli, califica como “totalmente injusta” al “aumentar las desigualdades y pone la mayor presión fiscal en los contribuyentes con menor movilidad, los trabajadores y consumidores”. Para Tinagli, “mientras los ciudadanos, consumidores y pequeñas empresas pagan su parte con una tasa efectiva del 40% o incluso más, muchas multinacionales no lo hacen”.
El enfrentamiento por Sociedades
La cuadratura del círculo realizada por la presidenta von der Leyen para financiar los 750.000 millones de euros del plan económico choca también con una armonización imposible del Impuesto de Sociedades. Lo intentó la anterior Comisión Juncker y tuvo que desistir a la espera de avances en el debate dentro de la OCDE. Años después, no hay avances.
En Irlanda o Chipre ese impuesto está en el 12,5%, cae al 10% en Bulgaria y toca el 9% en Hungría. En otros socios comunitarios como Rumanía o Lituania ronda el 15%, frente las tasas en torno al 30% en Francia, Alemania o Bélgica. El contraste es tan grande que cualquier armonización fiscal en la UE choca con los intereses de cada Gobierno. Por eso, Dublín “no apoya cambios hechos en cómo las cuestiones fiscales son acordadas a nivel europeo”.
“No podemos dar muchos detalles”, reconoce el Vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, jefe de la economía europea, sobre la nueva tasa a las multinacionales, de la que Bruselas no ha concretado, a diferencia de la digital, su base imponible, su espectro o alcance. La falta de detalles complica aún más conseguir una eventual unanimidad entre los gobiernos.
Su camino podría ser el mismo que el de otros impuestos fracasados, como la Tasa Tobin o a las transacciones financieras. Languidece desde 2011 y sólo un pequeño grupo de países, incluido España, han proseguido en paralelo con su creación, rebajando su ambición a un gravamen para la emisión de productos financieros. Un impuesto del que en 2014 el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció desde Atenas su pronta creación y que sigue envejeciendo en un cajón olvidado.
Von der Leyen lanzó su órdago. Ahora, a su Comisión le esperan meses de negociaciones encarnizadas con los Gobiernos europeos para dotarse de importantes recursos propios y recurrentes con los sufragar las millonarias emisiones de deuda del fondo ‘Next Generation EU’. Si el Fondo sale adelante, en Bruselas creen que tienen tiempo para conseguirlo, hasta 2028 que empezarán a pagar esas deudas.
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