Hace alrededor de un año y medio empezó a circular por despachos parlamentarios, mesas de redacción de medios de comunicación y otros espacios de influencia un conciso pero contundente documento de cuatro puntos que defendía un reforma urgente e integral del ICAC, el organismo público encargado de regular las auditorías contables y supervisar el trabajo de las firmas de auditoría, singularmente el de las que auditan a las grandes empresas cotizadas. El folleto exigía su desvinculación orgánica del Ministerio de Economía como vía para garantizar su independencia; la clarificación de los criterios seguidos por el organismo a la hora de actuar contra las empresas auditoras, que se consideraban víctimas de duras sanciones por lo que consideraban incumplimientos formales, no del fondo de las materias auditadas; un mayor volumen de recursos humanos y económicos para respaldar su trabajo; y, en última instancia, el cese del presidente del organismo, Enrique Rubio, y sus tres subdirectores generales.
El folleto no llevaba logos de ningún tipo y adolecía de vinculación concreta, pero fuentes del sector lo atribuyeron entonces sin ningún género de duda al entorno de las 'big four', KPMG, PwC, EY y Deloitte, las cuatro grandes firmas que se reparten las auditorías de la mayoría de las grandes empresas del país y cuya animadversión hacia el presidente del ICAC era clara e indisimulada. Lo que no se consiguió con el 'libelo' circulado entonces, cuando el debate sobre la reforma de los órganos supervisores abría la puerta a una integración del ICAC en la CNMV, ha ocurrido ahora en la ronda de nombramientos que siempre sucede a la configuración de un nuevo Gobierno.
El Gobierno ha anunciado este martes en la referencia sobre los asuntos aprobados en el Consejo de Ministros el relevo en la Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), con la salida del cuestionado (en el sector de las auditoras) Enrique Rubio y su sustitución por Santiago Durán, un hombre de la casa con una larga trayectoria tanto en el ICAC como en el organismo supervisor del ámbito de los seguros y los planes de pensiones, que en la actualidad ocupaba la Presidencia de la Asociación de Inspectores de Seguros (Apise).
El que con casi total seguridad es el supervisor menos conocido de la red de supervisores dependientes del área económica del Gobierno, ha obtenido cierta celebridad en los últimos cinco o seis años gracias a algunas actuaciones estelares, sustanciadas con multas millonarias, que han puesto en la picota la actuación de las grandes firmas de auditoría en el control de cuentas de algunas de las grandes empresas del país durante la crisis y en los años inmediatamente posteriores.
La lista impresiona. El organismo multó con 10,4 millones de euros a Deloitte por unos trabajos de auditoría sobre Bankia, en una actuación que la firma ha decidido llevar a los tribunales; y también cuestionó el trabajo de PwC en las auditorías al Banco Popular en los ejercicios de 2012 y 2016, en una actuación que se ha revelado como crítica para depurar las responsabilidades administrativas, civiles y penales que se están siguiendo en los tribunales por las actuaciones que desembocaron en la liquidación y posterior venta del banco al Santander.
La sombra de la integración en la CNMV
La audaces actuaciones del supervisor contable -sin muchos precedentes- animaron a las fuerzas vivas del sector auditor a alinearse con un proyecto parlamentario impulsado por Ciudadanos que planteaba la implantación en España del denominado modelo 'Twin Peaks' en los supervisores, en el que el Banco de España asumiría el control del sector financiero y la CNMV el control de la gobernanza de las grandes empresas, absorbiendo la gestión del ICAC. Fuentes del sector auditor interpretan este posicionamiento desde la óptica de que la CNMV entiende mejor las dinámicas de las grandes empresas que el ICAC.
Con la reforma de los reguladores y supervisores de la economía en el alero, el nombramiento de Santiago Durán, un conocido defensor de la independencia de los supervisores y de la escisión del regulador y del supervisor en el ámbito de los seguros, dejando la regulación a la Dirección General dependiente del Ministerio de Economía y la supervisión a una Autoridad Independiente de Supervisión de Seguros y Pensiones, se interpreta también por algunas fuentes en esa clave.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios