La subida de entre el 10% y el 12% de las bases máximas de cotización planteada desde el Ministerio de Trabajo para 'levantar' unos 1.000 millones de euros extra y cuadrar así la previsión de ingresos de la Seguridad Social remitida a Bruselas está a día de hoy en el alero a la espera de que el Ministerio de Economía evalúe al detalle su potencial impacto sobre la economía y el mercado de trabajo.
Como ya adelantó La Información, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha impuesto una sistemática en virtud de la cual las propuestas con incidencia económica y presupuestaria planteadas por los diferentes ministerios deben superar la evaluación técnica previa del 'grupo de analistas de élite' conformado al efecto en el Ministerio antes de obtener el visto bueno. El objetivo es garantizar que la política económica del Gobierno no genera efectos no deseados en el normal desempeño de la economía española.
La fuerte subida de cotizaciones a las rentas más altas -las 1,4 millones de nóminas afectadas por una eventual subida de la base máxima- responde a ese tipo de medidas con incidencia sobre la economía y el mercado de trabajo, como ya advirtió en su día el ya ex presidente de CEOE, Juan Rosell, quien avisó sobre efectos inmediatos tanto sobre la evolución de los salarios como sobre la creación de empleo.
La medida no es irrelevante. La maniobra del Gobierno pretende una subida sin precedentes de la base máxima de cotización, que sometería a cotización los salarios hasta 50.000 euros -cuando la pensión máxima se situaría en el entorno de los 37.000 euros anuales- y que tendría un coste significativo para las empresas y trabajadores situados en ese segmento, de unos 1.300 euros anuales por trabajador para las primeras y de más de 250 euros para los asalariados, según una estimación realizada por el diario económico 'Cinco Días'.
Según fuentes del diálogo social, el Ministerio de Trabajo se ha remitido al ejercicio de evaluación previa que está ejecutando el Ministerio de Economía para evitar dar más detalles sobre el plan concreto del Gobierno en relación a esa posible subida de cotizaciones a las rentas más altas, sobre la que tanto representantes empresariales como sindicatos se sienten concernidos por los efectos que puede tener tanto sobre la financiación de las pensiones como sobre la negociación de los salarios en el próximo ejercicio.
No es el único obstáculo que tendrá que salvar la iniciativa gubernamental, muy aplaudida por sus socios presupuestarios de Unidos Podemos. Una reforma legal aprobada por el Gobierno del PP en diciembre de 2016 obliga también al Ejecutivo a someter esta propuesta de subida de cotizaciones al Pacto de Toledo y a ajustarse a lo que se determine en dicha comisión parlamentaria.
La propuesta gubernamental, no obstante, está abierta a posibles modificaciones, como ya se avanzó desde el Ministerio de Trabajo cuando el presidente de Airef, José Luis Escrivá, reveló los planes del Gobierno al respecto en una comparecencia parlamentaria para evaluar el plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas.
De hecho, le queda un largo camino por delante: el informe del Ministerio de Economía, el análisis de los agentes sociales y la evaluación final y preceptiva del Pacto de Toledo.
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