España priorizará la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) durante el segundo semestre de este año, cuando asuma la presidencia de turno de la UE. El anuncio lo ha hecho la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, desde Bruselas, donde ha participado en el Foro Económico Europeo que se celebra en la capital belga, además de mantener reuniones con el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
"Como ministra de Economía y Digitalización, permítanme destacar que esta será una de nuestras principales prioridades durante la próxima presidencia española en la segunda mitad del año", ha asegurado. La 'número dos' del Gobierno ha incidido en que la Unión Europea ya "está a la vanguardia de los esfuerzos para desarrollar un marco regulatorio para la Inteligencia Artificial (IA)", que ha suscitado un intenso debate con la aparición de herramientas tan avanzadas como ChatGPT.
Calviño no ha mencionado a esta aplicación ni se ha referido a la carta en la que un grupo de expertos y empresarios del mundo tecnológico piden paralizar su desarrollo para analizar los posibles impactos que tendrá en la sociedad, aunque consideró "legítimas" las preocupaciones. "Existen preocupaciones legítimas sobre el posible uso indebido, particularmente en áreas sensibles como la atención médica, las finanzas y la aplicación de la ley", ha apuntado durante su intervención en el foro "Estado de la Unión", que organiza el Instituto de la Universidad Europea.
Con todo, ha calmado los ánimos al afirmar que la Unión Europea está a la "vanguardia" de la defensa de los derechos humanos, "tanto en el mundo físico como en el digital". Al respecto, se marca como objetivo avanzar en la elaboración de la Ley de IA (EU AI Act), que fue presentada en abril de 2021 y sobre la que los legisladores comunitarios aún no han acordado un texto definitivo.
Ese marco regulatorio deberá, según Calviño, apoyar la innovación tecnológica al tiempo que respetar valores europeos como "la privacidad, la no discriminación y la seguridad de los datos". "Los retos a los que nos enfrentamos no son exclusivos de Europa. La Inteligencia Artificial es un fenómeno global, y su impacto se dejará sentir en todo el mundo", ha señalado, antes de alentar a entablar diálogos con "otras jurisdicciones" y con "el sector privado".
Calviño hizo estos comentarios como introducción al panel "Inteligencia Artificial responsable: ¿Puede Europa ser líder mundial?", en el que intervinieron expertos en regulación digital y el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Entre ellos, Sandra Wachter, doctora en Tecnología y Regulación, pidió hacer una lectura "razonada" de los discursos sobre la IA, en los que inversoras y compañías privadas pueden exagerar las posibilidades de sus inventos con segundos intereses: "El pánico inmediato no es un buen consejero", aseveró.
El Instituto Universitario Europeo organiza la conferencia anual "Estado de la Unión", que alcanza su duodécima edición y ya desde su título, "Construir Europa en tiempos de incertidumbre", hace referencia la guerra en Ucrania y la galopante inflación que marcan la deriva de la UE. Mandatarios, ministros, eurodiputados y académicos expondrán entre el jueves y el viernes sus ideas sobre el devenir del viejo continente en ponencias y debates que también podrán seguirse en internet.
España llega con los deberes hechos sobre malversación
La vicepresidenta primera también ha defendido este jueves que España llega "con los deberes hechos" y que la reforma de los delitos de malversación de 2022 se adelanta a la propuesta de armonización de delitos de la Comisión Europea porque ya separaba los casos de lucro financiero, aunque para España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal. "Me parece adecuado que se armonicen las condiciones para este tipo de delitos", ha afirmado este jueves
La reforma que plantea el Ejecutivo comunitario prevé una pena máxima de al menos 5 años para delitos de malversación en toda la Unión Europea, según la propuesta de directiva presentada este miércoles para tipificar los delitos de corrupción y armonizar las penas en el continente, lo que obligaría a España a volver a reformar el delito de malversación.
Bruselas pide que las infracciones referidas a malversación, tráfico de influencias y cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos 5 años, un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.
Dicha reforma, que entró en vigor el pasado 12 de enero, mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación), pero precisando que debe haber "ánimo de lucro" cuando la autoridad o funcionario público "se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas".
"Veremos cómo evoluciona el proyecto de directiva pero España ya se ha adelantado porque ya separó el delito malversación en caso de que haya o no un lucro y tenga impacto financiero", ha agregado Calviño, que ha incidido en que España llega "con los deberes hechos y un cambio anticipado al que propone Bruselas".
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