El conjunto de medidas del escudo social han protegido la economía española de los envites de la guerra de Ucrania, esta es la tesis que ha defendido el Gobierno durante los últimos meses, arropado por las revisiones al alza de las previsiones económicas para España del Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Unión Europea. Algunas de ellas tienen carácter anual, como las bonificaciones al transporte público de titularidad estatal o las rebajas al IVA aplicado en las facturas de gas y luz. Sin embargo, las medidas aplicadas para contener la evolución al alza de los precios de los alimentos y ayudas directas como el cheque de 200 euros caducan el 30 de junio. El Ministerio de Asuntos Económicos rechaza adelantar cuáles se van a prolongar o si se optará por otras nuevas, pero apunta a que la decisión no se tomará hasta comprobar cuál es la evolución de los precios hasta esa fecha.
La cartera de Nadia Calviño también se ha fijado como meta tener listo el observatorio de márgenes empresariales en junio, con el objetivo de que empiece a funcionar ese mismo mes, como apuntó el número dos del Ministerio, Gonzalo García Andrés. Fuentes próximas a la ministra sostienen que esta herramienta está ideada principalmente para orientar la implementación de políticas públicas, dado que permitirá tener una fotografía más aproximada del escenario económico. Lo que hace más que probable que el Gobierno vaya a tomar el cúmulo de datos agregados por el Observatorio como soporte para discernir qué medidas aplica y cuáles guarda en el cajón.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha realizado un intenso trabajo en el desarrollo del organismo desde que la titular anunció su creación en abril desde Washington, en una rueda de prensa. El observatorio de márgenes empresariales aglutinará datos y estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Agencia Tributaria y el Banco de España con el propósito de "vigilar la competencia de la economía española", según detalló el secretario de Estado de Economía. Fuentes de esta cartera confirman que se están dando los últimos pasos para su diseño, antes de implicar en el proceso a los agentes sociales, con los que, aseguran, van a contar.
El papel de patronal y sindicatos, en duda
Por el momento, no está claro qué papel van a jugar las patronales y los sindicatos en el observatorio, a pesar de que la iniciativa de Asuntos Económicos fue anunciada después de que CCOO propusiera una herramienta similar que pudiera ser utilizada en la negociación colectiva. Fuentes de la cartera confirman que el contacto con los negociadores sociales es "permanente" y que estudian el modo en el que ambos lados de la mesa puedan participar. El entorno de Nadia Calviño no descarta que CEOE, Cepyme, CCOO y UGT puedan formar parte del observatorio, aunque apuntan a que su presencia se podría reducir a la celebración de encuentros periódicos. Un escenario que parece más probable ante las reticencias mostradas por los líderes de las organizaciones empresariales, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, por el posible "intervencionismo" de este instrumento.
CEOE y Cepyme rechazaron de pleno la posibilidad de que el Gobierno pudiese determinar cuáles habían sido los márgenes de los diferentes sectores económicos y empresas cuando UGT y CCOO lo plantearon por primera vez de forma pública, en el marco de la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), sellado hace apenas dos semanas. Los sindicatos afirmaron estar dispuestos a rebajar sus demandas de subidas salariales en aquellos sectores en los que los resultados económicos no hubiesen sido positivos, como consecuencia del alza de costes generalizada. No obstante, las patronales entendieron que esta propuesta no era seria y abogaron por no implicar al Ejecutivo en la negociación colectiva, que solo afecta a trabajadores y empresarios.
La reacción de los secretarios de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, fue totalmente opuesta, recibieron con los brazos abiertos este 'guiño' del Gobierno e instaron a una toma de contacto que, por el momento, no se ha producido. Sin embargo, la última información compartida por el secretario de Economía en el Congreso de los Diputados, el observatorio no va a permitir vincular la evolución de los márgenes a las negociaciones salariales. Al menos esto no va a ser posible en el plano concreto de las empresas, ya que no figurarán sus nombres, sino que el Ministerio manejará "los datos agregados de los sectores".
Críticas de Trabajo y sindicatos
Estas declaraciones han llevado a la Ministra de Trabajo y Economía a tildar el diseño del observatorio de "tibio". Yolanda Díaz ha reprochado que ya existen estadísticas que muestren la competencia y que la necesidad principal es desarrollar una herramienta que vincule el examen de los márgenes a "las revalorizaciones salariales de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país". Por ello, ha sostenido que su Ministerio no comparte el planteamiento. El departamento de Calviño incluye entre los objetivos tener una aproximación a la distribución de rentas y salarios, algo que desde Trabajo entienden insuficiente.
Los sindicatos renunciaron a contar con esta herramienta para las negociaciones del AENC, ante la intensa negativa de los representantes de los empresarios, como pone de relieve el hecho de que no haya ninguna referencia a esta cuestión en el texto acordado entre los agentes sociales. No obstante, quedan 1.300 convenios por actualizar que podrían haber utilizado este aparato para conseguir subidas más ambiciosas o moderar sus reclamaciones en función de la marcha del sector. Por tanto, parece que la tesis de las patronales gana terreno, a pesar de que el resto de frentes descartan que diese pie a cualquier tipo de intervencionismo, ya que son datos oficiales.
Desde CCOO se muestran defraudados por las últimas declaraciones de Economía que olvidan la segunda vertiente que aspiraba a cubrir el observatorio: trasladar información a la negociación colectiva. En concreto, las fuentes del sindicato, reconocen su preocupación porque el gabinete de Nadia Calviño no haya realizado ningún contacto, al tiempo que ha apartado a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la cartera de Trabajo, quienes tienen la información sobre los convenios firmados. Algo que interpretan que no se corresponde con la sintonía que mostró el presidente del Gobierno al comentar la medida en marzo desde Lanzarote.
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