El Gobierno ha abierto este jueves la puerta a negociar la tasa de 250 euros por queja, con la que planea financiar la futura Autoridad del Cliente Financiera. De esta forma, ha logrado salvar 'in extremis' el proyecto de Ley que continuará su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados al retirar ERC su emienda a la totalidad. Vox ha mantenido la suya, exigiendo la devolución del texto al Gobierno, pero no ha logado los suficientes apoyos. El cambio de postura de Calviño se produce también tras las críticas vertidas desde el sector bancario y el Banco de España (BdE). "Son cuestiones que se podrán abordar a lo largo de la tramitación parlamentaria", ha especificado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño.
De esta forma, el Ejecutivo ha salvado un escollo importante ya que Esquerra Republicana y VOX se había opuesto hasta ahora al proyecto. Un punto de vista que ha argumentado precisamente en la tasa de 250 euros que tendrían que pagar la entidad por cada queja admitida a trámite.
El futuro defensor del cliente financiero consiste en una agencia que asumirá las funciones de supervisión y reclamaciones entre clientes y entidades financieras, que ahora recaen en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, este último dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos.
Para financiarlo, el Gobierno ha propuesto una tasa de 250 euros que cada entidad deberá abonar en el caso de que la nueva agencia de reclamaciones acepte a trámite la queja del cliente. En este sentido, Calviño ha aclarado que la misma no se abonará por cualquier reclamación o demanda que un cliente pueda presentar, ya que previamente debe ser aceptada a trámite por la Autoridad. En suma, han argumentado desde el Ejecutivo, se busca incentivar a los bancos a resolver amistosamente las reclamaciones.
La banca: la tasa de 250 euros "no tienen ningún sentido"
En su intervención ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados, Pablo Hernández de Cos, advirtió que la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero podría incrementar la litigiosidad entre clientes y entidades financieras. Lo que atribuyó a la mencionada tasa de 250 euros por queja admitida a trámite, que debe abonar el propio sector financiero.
Ante los diputados de la citada comisión, también la Asociación Española de Banca (AEB), por boca de su secretario general Rodríguez Pellitero, advirtió sobre la inconstitucionalidad de la Autoridad por la invasión de competencias en materia judicial y, sobre todo, por la citada tasa de 250 euros por queja admitida a trámite. Para el representante de la AEB esta figura "no tiene ningún sentido" y puede convertirse en un incentivo para lo que denominó como la "industria del pleito" contra la banca, en referencia a los abogados de los clientes. Además, Pellitero consideró que el nuevo organismo va a favorecer una mayor judicialización de las reclamaciones y citó el caso de Reino Unido.
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