El programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios llega a su fin y Cataluña se sitúa como la comunidad autónoma que más fondos ha recibido. En concreto, la región catalana se lleva 30,56 millones de euros de los 150 que había disponibles, es decir, el 20,4% sobre el total.
El programa -denominado PRE 5.000- comenzó con una dotación inicial de 50 millones de euros cuando se aprobó en agosto de 2021. No obstante, hasta ocho comunidades han solicitado la ampliación de fondos y, hasta la fecha, hay asignados 137,5 millones de euros, según datos facilitados a La Información por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), encargado de coordinarlo con las comunidades autónomas.
En estos casi 140 millones se incluyen una partida de 1,5 millones recién aprobada para la Comunidad Valenciana, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y otros 6,8 millones de euros para Castilla-La Mancha. Esta última ampliación ya ha recibido el visto bueno y solo quedan unos trámites burocráticos, según detallan las mismas fuentes. Después de Cataluña, es precisamente Castilla-La Mancha la segunda comunidad con mayor presupuesto, con un total de 24, 17 millones de euros. Le sigue Castilla y León con 21,89 millones de euros.
Hasta ocho comunidades han solicitado la ampliación de fondos
Por su parte, el resto de comunidades que han agotado el presupuesto inicial que se les asignó y han pedido más fondos son Cantabria (15,34 millones), la Comunidad Valenciana (7,86 millones de euros), Navarra (8,6 millones de euros), Castilla y León (21,89 millones de euros), País Vasco (8,2 millones de euros) y Asturias (1,33 millones de euros). El resto se mantienen como al principio: Andalucía (5,6 millones), Aragón (3,69 millones), Baleares (532.500 euros), Canarias (917.500 euros), Extremadura (2,73 millones), Comunidad de Madrid (1 millón), Murcia (157.500 euros) y La Rioja (865.000 euros).
El PRE 5.000 está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y nació con el objetivo de impulsar a la sostenibilidad de la edificación en los municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes mediante actuaciones que van desde cambios en la envolvente térmica, la sustitución de instalaciones de generación térmica con combustibles de origen fósil por generación térmica basada en fuentes renovables como la biomasa, la geotermia, la solar térmica o la bomba de calor, hasta la incorporación de tecnologías de regulación y control, así como la mejora en la eficiencia energética en la iluminación.
Una vez transferidos los fondos, cada comunidad autónoma debía aprobar y publicar su propia convocatoria de ayudas designando el órgano competente para instruir y resolver el procedimiento de concesión de las mismas y, en su caso, establecer la reserva de presupuesto correspondiente para realizar inversiones directas. Las actuaciones subvencionables son de tres tipos: mejora de la envolvente térmica, mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y mejora de las instalaciones de iluminación.
Asimismo, los edificios debían haber sido construidos antes de 2007 y tendrán que ahorrar un 30% de energía primaria no renovable, así como mejorar su calificación energética total en, al menos, una letra con respecto a la calificación inicial. Por tanto, se descartó ayudas para edificios de nueva construcción, así como las actuaciones que supusieran una ampliación que incremente superficie o volumen construido, ni las que conllevasen un cambio de uso de edificio.
Ayuda extra a los edificios que mejoren su calificación energética
Las cuantías de las ayudas base contempladas para actuaciones en edificios completos eran las siguientes: 50% para la tipología de mejora de la envolvente; 40% para actuaciones en mejora de las instalaciones térmicas y 20% para mejoras de eficiencia energética en instalaciones de iluminación. También tenían derecho a una ayuda adicional por mejora de la eficiencia energética aquellas actuaciones que eleven la calificación energética del edificio para obtener una clase energética A o B, en la escala de CO2, o bien incrementen en dos letras la calificación energética de partida.
El plazo máximo para presentar las solicitudes es hasta el 31 de diciembre de 2023, mientras que el límite máximo para resolver y notificar la resolución es de seis meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Los destinarios últimos son personas físicas o jurídicas, comunidades de propietarios, empresas, entidades locales, comunidades de energías renovables, etc.
El parque de edificios consume el 30% de la energía final
Según datos de Transición Ecológica, el parque de edificios español consume en la actualidad el 30% de la energía final y existe un parque de viviendas que no está dotado de instalación de calefacción, por lo que se cuenta con un importante potencial de ahorro y de incorporación de energías renovables. Esta situación afecta de forma particular a los denominados municipios de reto demográfico: 6.827 poblaciones con menos de 5.000 habitantes, que concentran a 5,7 millones de personas, el 12% de la población total.
La meta del plan era la rehabilitación energética de 13.000 viviendas tan solo contando con los 50 millones de dotación inicial y conseguir 162 millones de euros de inversión asociada. Además, la cartera que dirige Teresa Ribera estipulaba la creación de 3.862 puestos de trabajo -también para 50 millones de presupuesto-, así como evitar la emisión de 68.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.
