La idea del autoconsumo parece sencilla: generar tu propia energía para consumirla y poder vender aquella que produces de más y no necesitas. Sin embargo, cobrar por los excedentes se ha convertido en una lucha para muchos consumidores y hasta el Defensor del Pueblo se ha manifestado. Demanda que se reforme el mecanismo de compensación simplificado de las instalaciones de autoconsumo.
El Alto Comisionado de las Cortes Generales se pronuncia así ante una queja registrada en la que se denuncia un supuesto "enriquecimiento injusto en favor de las empresas suministradoras en perjuicio de los usuarios del servicio". La reforma que solicita tendría como fin posibilitar a los sus usuarios con placas solares en casa que reciban una contraprestación por aquel excedente de producción no compensado, "cuando este supere el importe derivado de los consumos del domicilio vinculado a la instalación".
En el seno del expediente abierto por el Defensor del Pueblo, la Secretaría de Estado de Energía ha descartado tal discriminación y alega que el diseño del mecanismo de compensación simplificado tiene por objeto tanto definir un marco simple que no suponga cargas administrativas o fiscales a los consumidores, como cubrir, en la medida de lo posible, la demanda de energía del consumidor, no estando orientada hacia la participación en el mercado eléctrico.
"El excedente de producción [...] debe generar un saldo positivo en favor del productor antes que un incremento patrimonial o económico para ningún otro actor del sistema eléctrico"
No obstante, para la institución que dirige Ángel Gabilondo resulta "llamativo" que la posibilidad de venta de energía esté circunscrita exclusivamente a los usuarios adscritos a la modalidad con excedentes no acogida a compensación. En su opinión, limita la intervención de los sujetos vinculados al mecanismo de compensación simplificado con el pretexto de que estos son "sujetos con pocos excedentes que simplemente quieren aprovechar el máximo de esta energía excedentaria, pudiendo incluso ser aprovechados en un autoconsumo colectivo".
En este sentido, considera razonable la duda expuesta por el recurrente. Afirma que la lógica invita a pensar que, si ese excedente de producción ha sido utilizado por el sistema y, por ende, monetizado en algún extremo del proceso, debe generar un saldo positivo en favor del productor antes que un incremento patrimonial o económico para ningún otro actor del sistema eléctrico.
El mecanismo de compensación simplificada se recoge en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Una de las preocupaciones del regulador en la configuración inicial de este sistema era el fomento indeseado de una suerte de especulación en torno a la figura del autoconsumo. Sin embargo, el Defensor del Pueblo denuncia que nada obliga a que el saldo positivo generado en favor del productor se traduzca necesariamente en un pago inmediato de la comercializadora al autoconsumidor.
De este modo, es contundente. "La vigente regulación del mecanismo de compensación simplificado de las instalaciones de autoconsumo, no solo potencia un escenario de enriquecimiento injusto en favor de las comercializadoras, al beneficiarse de recursos que no han generado y que mercantilizan, sino que resulta desincentivador para los usuarios, desde la perspectiva de la inversión y la amortización de sus instalaciones", sentencia. El Defensor del Pueblo recomienda así a la Secretaría de Estado de Energía una remodelación del mecanismo, pero de momento no ha recibido respuesta.
Existen dos opciones para gestionar los excedentes de una instalación de autoconsumo fotovoltaico. En primer lugar, mediante la compensación en la factura en forma de descuento. El usuario recibe un descuento en el recibo por la energía que produce de más y verte a la red. Para acogerse a este modelo, la potencia de la instalación debe ser menor o igual a 100 kW y no puede tener otorgado un régimen retributivo adicional, es decir, el consumidor no gana dinero. También debe haber firmado un contrato de compensación de excedentes entre el titular de la instalación y el titular del suministro. El precio del excedente lo establece la comercializadora y varía en función de si el dueño de las placas solares está en el mercado regulado o libre.
De su lado, aquellas instalaciones fotovoltaicas que no cumplan con los requisitos para acogerse al mecanismo de compensación simplificada pueden vender sus excedentes. En este caso, el usuario debe formalizar un acuerdo de representación en el mercado eléctrico con alguna comercializadora para la venta de energía o darse de alta como productor en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica (RAIPRE). En este apartado es donde entra la dificultad administrativa.
Cientos de millones 'perdidos' por no poder vender excedentes
Según el primer Informe Anual del Autoconsumo Fotovoltaico de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa Renovables), las barreras al vertido de la energía sobrante a la red eléctrica están provocando que se desaprovechen miles de gigavatios hora (GWh) que equivalen a cientos de millones de euros, en un contexto en el que se ha acelerado acabar con la generación mediante combustibles fósiles.
El documento pone de manifiesto que el "desaprovechamiento de electricidad renovable y competitiva" se da especialmente en las instalaciones que tienen una potencia superior a 100 kW y en las que tienen suministros conectados en alta tensión. Según la asociación, en 2022 se generaron 5.631 GWh de autoconsumo, de los cuales sirvieron 4.564 GWh (el 1,8% de la demanda nacional), mientras que se podría decir que 1.067 GWh se tiraron a la basura. Dicho de otro modo, el 19% del total se desperdició por la dificultad de su vertido a la red, sobre todo en el ámbito no residencial.
APPA Renovables pone cifras a esta pérdida de energía y el curso pasado el sistema eléctrico español desaprovechó energía renovable por un valor equivalente a 160 millones de euros ante la imposibilidad de evacuarla a la red. Desde 2015, el desperdicio se eleva a 274 millones de euros.
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