La reforma laboral de los empresarios

CEOE pide 'aprendices' de más de 30 años y contratos por obra sin límite de tiempo

Las empresas rechazan la idea de Báñez de reducir de tres a dos años el plazo máximo del contrato por obra y piden que éste se defina en los convenios

Juan Rosell, presidente de CEOE.
Juan Rosell, presidente de CEOE. / EFE

El Gobierno ya sabe que si rebaja de tres a dos años la duración máxima de los contratos por obra y servicio se va a encontrar con la oposición frontal de la CEOE. El Ministerio de Empleo deslizó la existencia de un elevado grado de sintonía con los agentes sociales en relación a esta medida tras la primera reunión de la Mesa por la Calidad del Empleo el pasado mes de diciembre, pero lo cierto es que la parte empresarial no solo no comparte esa medida sino que aboga por volver a la situación anterior a la reforma laboral de 2010, cuando no existía un periodo máximo de duración para los contratos por obra y servicio.

Fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que en 2010 estableció un límite máximo a los contratos por obra y servicio, sobre el bien entendido de que cuando excedían los tres años - hasta cuatro si había acuerdo al respecto en el convenio colectivo- esa actividad presuntamente esporádica o vinculada a un proyecto de duración determinada pasaba a convertirse en una relación indefinida. La propuesta planteada por el Ministerio de Empleo en el marco de la Mesa por la Calidad en el Empleo pasaba por rebajar un año ese plazo máximo e impedir mantener una relación laboral bajo esa fórmula contractual por un periodo superior a 24 meses, de forma que si ésta excediera esa duración existiera la obligación legal de hacer indefinido al trabajador.

No había noticia de la posición oficial de CEOE sobre este particular hasta que este lunes la organización presentó el documento 'La industria, motor de crecimiento: análisis y recomendaciones', que incluye un jugoso capítulo sobre recomendaciones en materia de política de formación y empleo. En éste, CEOE aboga por eliminar directamente la duración máxima de tres años del contrato por obra y servicio determinado, una fórmula ideada para que las empresas puedan acomodar en sus plantillas a los trabajadores que necesitan para cubrir actividades que no están directamente relacionadas con su operativa. La organización empresarial entiende que debe ser la negociación colectiva y no la ley la que fije las condiciones y duración máxima de estos contratos en función de las necesidades concretas de cada empresa.

Eso, respecto a los contratos por obra y servicio, porque el documento fija la posición de las empresas respecto a muchos de los principales aspectos a debate en la negociación de la futura reforma laboral. CEOE aboga también por potenciar los contratos para la formación y el aprendizaje, eliminando las disposiciones legales que limitan su uso a los menores de 30 años y abriendo su utilización "cualquiera que sea su edad" a todos los trabajadores que hayan sido despedidos "de sectores en declive".

La tercera gran palanca de cambio que identifica CEOE para garantizar a las empresas la flexibilidad que necesitan es el contrato a tiempo parcial. Claro que para hacerlo verdaderamente útil los empresarios consideran que deberían eliminarse todas las disposiciones actuales respecto a su duración máxima, distribución de la jornada y regulación de las horas complementarias y darle el mismo tratamiento que a un contrato ordinario con la salvedad de que regule una relación laboral con un número de horas inferior a la jornada habitual en la empresa o distribuida de otro modo.

Desgravación fiscal sobre los gastos en formación

El documento abunda en una idea recurrente en el discurso público de la organización empresarial en los últimos meses: nos acercamos a un escenario en el que es muy probable que convivan una elevada tasa de paro y una incapacidad de las empresas para encontrar el perfil profesional que necesitan. La receta para enfrentarse a ese desafío está en la formación.

La organización empresarial reivindica que las empresas recuperen el control sobre ese 0,6% de los salarios que aportan en concepto de formación y que ahora se distribuye según los criterios que estima el Estado. CEOE considera que las empresas deben decidir qué tipo de formación impartir en función de sus necesidades y elegir los centros de formación que considere más adecuados. El papel de la Administración en este nuevo escenario sería el de impulsar la actividad formativa de las empresas estableciendo una nueva desgravación fiscal en el Impuesto de Sociedades para las inversiones y gastos incurridos por formación.

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