La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha movido ficha frente al riesgo de una ola de quiebras de pequeñas comercializadoras de luz. El organismo que preside Cani Fernández ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica a suavizar el sistema de garantías que la norma impone a estos operadores. El organismo regulador ha trasladado su propuesta al departamento que preside Teresa Ribera después iniciada la tramitación de cerca de una veintena de expedientes sancionadores contra pequeños comercializadoras de luz (conocidos como 'independientes' en el argot del sector), como adelantó La Información el pasado 13 de octubre.
La propuesta del organismo supervisor, que ha adelantado 'Efe' y ha podido confirmar este medio, pasa por rebajar los 'avales' que se exigen por ley a las comercializadoras de cara a garantizar un colchón de liquidez suficiente para que estos operadores, sobre todo los de menor tamaño, puedan salir airosos del descontrol de precios del mercado mayorista eléctrico (pool en la jerga). La idea es recortar el plazo actualmente vigente de tres meses, a fin de que empresas tradicionalmente solventes no se vean empujadas fuera del negocio por la tensión financiera a la que les ha abocado la escalada de precios del pool, al que deben acudir estas compañías para adquirir la electricidad que después venden a sus clientes.
El antecedente de Reino Unido, donde un porcentaje importante de comercializadoras han sido expulsadas del mercado por el escenario de precios, puso en alerta al departamento que pilota Ribera hace ya varios meses. El Gobierno lleva desde el pasado septiembre monitorizando el impacto de la escalada de luz y gas en las pequeñas comercializadoras, como adelantó este medio. Ya entonces, fuentes próximas al departamento confirmaron a La Información que el Ejecutivo no estaba en condiciones de descartar ningún escenario, de hecho, sobre la mesa del ministerio energético estaba el desarrollar un protocolo de actuación específico, en caso de que la amenaza de un 'crack' en el sector cobrase entidad en España.
En un escenario como el actual, las pequeñas comercializadoras sufren una exposición mucho mayor a la volatilidad de precios que la que presentan los gigantes del sector. Por varios motivos. En primer lugar, buena parte de los contratos que suscriben estas firmas independientes se basan en el compromiso de suministro de energía a un determinado precio pactado de antemano. La subida descontrolada de los precios ha obligado a aquellas compañías que no tenían el suministro cerrado (comprado antes de que subieran los precios), a comprar la energía en el pool a un coste muy por encima del valor comprometido con sus clientes, lo que ha abocado a estas empresas a una grave tensión financiera.
Los colosos del sector también suscriben contratos a plazo, pero su capacidad de llenar sus reservas de energía es mucho más elevada, o lo que es lo mismo, la crisis les ha pillado con una defensa mucho más sólida. En segundo lugar, la actividad de las comercializadoras independientes se limita, por lo general, a la venta de energía. Esto les sitúa en una situación de desventaja frente a los grandes operadores (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Repsol), que aglutinan bajo su perímetro toda la cadena del negocio energético -de la generación a la venta-. Así, los gigantes del sector puedan equilibrar el deterioro de los márgenes de comercialización, con el aumento de ingresos con que este mismo escenario beneficia a otras áreas del negocio.
El regulador entiende que el escenario de precios de mercado tan elevados, está tensionando la liquidez de algunas empresas, por lo que conviene hacer una revisión de la regulación que asegure la continuidad de las comercializadores solventes, al tiempo que se previene el fraude. Hace unas semanas, el organismo que preside Cani Fernández sometió la propuesta para incorporar una garantía mínima dinámica que garantice la capacidad económica de los sujetos del sistema a audiencia pública, que se cerrará el próximo 11 de noviembre. La CNMC trabaja de forma conjunta con Red Eléctrica de España (REE), que, en su calidad de operador del sistema, se encarga de realizar el balance entre energía comprada y vendida por las comercializadoras, el cual debe casar con las garantías.
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