La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone que en el proyecto de real decreto de la nueva normativa sobre neumáticos y sus residuos se incluyan objetivos de reutilización, reciclaje y valorización energética. Además de fijar los plazos para su cumplimiento, entre otras medidas. El proyecto de actualización se refiere, entre otros aspectos, a la regulación de las obligaciones de información de los productores, el régimen de garantías o los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.
Los neumáticos fuera de uso (NFU) son aquellos neumáticos que se han convertido en residuos, es decir, que han sido desechados, y su gestión se regulaba por una normativa de 2005. A partir de ahora, la gestión se regulará mediante la normativa actualizada que se adapta a la Directiva UE sobre residuos de 2018 y a la Ley nacional de residuos y suelos contaminados de 2022.
La responsabilidad ampliada del productor (RAP) es una figura cuyo objetivo es minimizar los efectos que las actividades comerciales e industriales producen en el medioambiente, mediante la cual se traspasa a los fabricantes el coste de la recolección y tratamiento de los residuos que generarán los productos que ponen en el mercado.
Responsabilidad ampliada
Los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) son organizaciones sin ánimo de lucro que gestionan los residuos, ha detallado este lunes la CNMC en un comunicado. Aunque el regulador ha valorado algunos elementos relativos a los SCRAP como la autorización única en todo el territorio nacional, la posibilidad de cambiarse a otro en cualquier momento del año o las previsiones para prevenir potenciales intercambios de información entre productores, ha realizado una serie de recomendaciones.
Además de la de incluir los objetivos de preparación para reutilización, reciclaje y valorización energética, así como los plazos para su cumplimiento, propone considerar la posibilidad para un productor de participar en varios sistemas colectivos de RAP a la vez.
Asimismo, recomienda justificar el umbral establecido para obligar a las empresas a contar con un plan empresarial de prevención y ecodiseño, y valorar establecer la validez indefinida de las autorizaciones de SCRAPs, con especial atención a que las potenciales especificaciones autonómicas no limiten injustificadamente el mercado nacional.
Convenios públicos
La CNMC también propone fijar con precisión el contenido de los convenios con las administraciones públicas para no introducir prestaciones propias de los contratos, así como reforzar las obligaciones de publicación
