La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido una mayor capacidad de autoorganización para la futura Comisión Nacional de la Energía (CNE) que la presentada en su anteproyecto, así como el establecimiento de un plan de transición para su puesta en marcha.
El organismo de donde se recogerán las competencias sobre energías para la CNE ha dado luz verde a su informe sobre el anteproyecto de Ley de restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía y de creación del Fondo para la Gestión Económico–Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas.
En el documento, publicado este viernes, la CNMC ha propuesto mejoras en la independencia de la CNE, como una mayor capacidad de autoorganización, más autonomía financiera y presupuestaria, y participación en los procesos normativos de atribución de nuevas funciones.
La CNMC, que asegura que en los últimos años ha asumido funciones de supervisión para combatir el impacto de los precios en el cliente y de tramitación de subvenciones, ha pedido que en el futuro la atribución de nuevas funciones a la CNE exija, independientemente del instrumento normativo, la emisión de un informe preceptivo y no vinculante por parte de la autoridad de regulación.
Según el organismo, el anteproyecto debería presentar más detalles en relación a la coordinación de la CNE con otros organismos y, en especial, con la CNMC, teniendo en cuenta también a las autoridades autonómicas de defensa de la competencia.
Han señalado además que el anteproyecto presenta una falta de uniformidad en el nombramiento del personal directivo que no responde a motivos concretos, y han aconsejado unificar el modo de nombramiento del secretario del Consejo, del secretario general, de los titulares de las direcciones de instrucción, y del titular del órgano de control interno, así como del resto del personal directivo. También ha presentado mejoras para garantizar los derechos del personal laboral y funcionario que se integre en la CNE.
La Comisión ha aclarado que se debe suprimir las funciones de la CNE de incoación e instrucción de expedientes sancionadores que deba tratar la Administración General del Estado, al no corresponderse con la naturaleza de una administración independiente. Así mismo, el régimen de supervisión continua de la CNE estipulado en el anteproyecto de ley comprometería la independencia del regulador energético frente al resto de entidades públicas y su independencia funcional.
En relación al Fondo para la Gestión de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas (FGLSEG) integrado en el proyecto, la CNMC considera que su régimen de control no debería interferir en el procedimiento liquidatario. Además, la Comisión señala que si bien el fondo parece justificado para el sector eléctrico, su expansión al gas natural plantea dudas, pues no encaja en la normativa de liquidación de las actividades reguladas del gas, de los cargos y de la cuota del gestor técnico del sistema gasista (GTS).
Aseguran que la puesta en marcha de otro modelo liquidatario que suponga el ingreso de los saldos de los sujetos deudores para transferirlo a los acreedores a través del Fondo no mejoraría el modelo actual.
La CNMC ha hecho énfasis en la necesidad de constituir un plan de transición, que involucre a todas las administraciones públicas implicadas, que garantice la puesta en marcha de la CNE y la continuidad sin limitaciones del ejercicio de sus competencias por parte de la CNMC.
El informe ha salido adelante con un voto particular del consejero Carlos Aguilar Paredes, que no concuerda en que el documento aprobado por la mayoría del pleno de la CNMC no guarde consideraciones como que en el anteproyecto haya disposiciones transitorias para garantizar la independencia de la actual autoridad de regulación.
Riesgos para la administración
Según Aguilar, la ausencia de un régimen transitorio permitiría cambiar la composición de los miembros del organismo regulador independiente y privaría a los actuales miembros del Consejo de poder ejercer las funciones que tienen atribuidas en materia de supervisión y control, tanto en el sector eléctrico y en el del gas natural, durante los 6 años de mandato.
El consejero considera que ello supone un riesgo para las garantías de independencia de la autoridad nacional, establecidas en las directivas europeas sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y el gas natural.
