El IMV llega al 37% de hogares pobres tras dos años y medio de implantación

Después de dos años y medio de su entrada en vigor, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de los ciudadanos, sigue sin llegar a todos sus potenciales beneficiarios, incluso con iniciativas como las visitas a comedores sociales y colas del hambre o la puesta en marcha de un autobús para dar a conocer esta ayuda. El número de perceptores avanza lento, con el objetivo fijado de 700.000 hogares en las comunidades de Régimen Común, y los rechazos de expedientes duplican las aprobaciones. Hasta una de cada tres solicitudes es denegada exclusivamente por exceder el nivel de renta, según recordaba la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en un reciente informe.

Hasta octubre, según los datos de la Seguridad Social, 494.000 hogares -en los que vivían 1,4 millones de personas y en los que se excluyen País Vasco y Navarra- estaban recibiendo esta ayuda básica, lo supone apenas un 37% de las familias que requerirían la prestación y un 70% del primer objetivo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá. En total, los potenciales demandantes sumarían más de 1,35 millones, de las que unos 100.000 ya están cubiertos por rentas mínimas de la comunidades autónomas. Los hogares excluidos, en principio, del Ingreso, lo son por incumplir criterios de renta o patrimonio y también por errores en sus expedientes o problemas con el empadronamiento. Cerca de 160.000 hogares en pobreza podrían acceder al IMV si solo se tuviera en cuenta su renta, pero no tienen derecho a recibirlo por incumplir el criterio de patrimonio.

Motivos de rechazo del Ingreso Mínimo Vital

Mientras, los expedientes rechazados por motivo renta sumaban a finales de 2021 más de 400.000 y fundamentalmente se daba en los hogares en los que vive más de una persona adulta. "En concreto, en los hogares donde reside más de un adulto con o sin menores a cargo, el porcentaje de rechazo supera el 36%. Sin embargo, este porcentaje es inferior al 20% en los hogares donde vive un solo adulto con o sin menores", destaca la Airef, que apunta que los expedientes rechazados por renta superan el umbral establecido en un 70%. 

Los rechazos, mayoritarios, se deben, en seis de cada diez casos a un exceso de rentas o patrimonio, algo que obliga a pensar si el 'listón' para acceder a esta ayuda es demasiado alto. Así, el IMV es compatible con el cobro del paro, de algún subsidio por desempleo o de la Renta Activa de Inserción (RAI), pero estos cobros no pueden superar los previstos para el hogar de convivencia. En el caso de que no se llegase a esos límites, el IMV lo que haría es complementar la cuantía. Un ejemplo, en un hogar con dos adultos y cuatro menores -o cinco, seis...- la cantidad prevista es de 1.081 euros. Es difícilmente asumible que esa familia pudiese afrontar el día a día con ese dinero. Pero si los ingresos fuesen mayores -pongamos 1.120 euros-, no se concedería y si fuesen menores -pongamos 750 euros- se les entregaría 331. Igualmente, hay unos máximos de patrimonio para poder recibirlos.

Uno de los principales problemas, una vez se han agilizado los trámites y facilitado el acceso a la solicitud del Ingreso, sigue siendo que un buen número de familias que podrían acceder a la ayuda no lo han hecho por poseer algún tipo de renta, que no les excluiría del IMV, pero sí limitaría la cuantía de la prestación, destacaba el estudio de la Airef. La ayuda, que se instauró en plena pandemia del coronavirus, tiene además en contra para su desarrollo la inestabilidad de los hogares que la deberían recibir, la falta de medios técnicos y de información. Según la información de Eurostat, la pobreza en España -tomando como referencia el 40% de la mediana de ingresos por unidad de consumo- afecta a un 9,5% de los hogares, en torno a 1,78 millones de un total de 18,7 millones.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha querido convertir el IMV en el subsidio estrella contra la vulnerabilidad de las familias, pero su implantación no resulta fácil por los múltiples elementos en contra. Si bien se ha ido reduciendo ligeramente los expedientes denegados, un número importante de asuntos acaba en los tribunales, que se muestra mayoritariamente favorables a los reclamantes, los que implica que muchas de las solicitudes fueron rechazadas sin causas suficientes. En otros casos, ni siquiera es necesario celebrar el juicio y la Seguridad Social accede a la prestación minutos antes de entrar en la sala del juzgado.