"Me voy a esperar; prefiero no pagar nada de momento a que me quiten 9.000 euros". Una mujer abrigada hasta las cejas hace frente al frío de la mañana en Pozuelo de Alarcón (Madrid); va a vender su vivienda y hay novedades inmobiliarias en los periódicos. La decisión del Tribunal Constitucional declarando la nulidad de la plusvalía municipal es la comidilla en las salas de espera de los notarios en todo el país. Es miércoles 27 de octubre y han transcurrido pocas horas desde el fallo, pero algunos despachos ya han presenciado en vivo la 'rebeldía' de vendedores de vivienda, obligados hasta la fecha al pago del tributo, negándose en redondo a abonar el impuesto.
"Oye, atento, que no quiero pagar la plusvalía", afirma de forma jocosa a primera hora de la mañana una mujer -de avanzada edad, pero que ha sabido disimularlo con botox- a su abogado mientras entra en una notaría. Un comentario acompañado por las carcajadas de sus dos hijos y la protocolaria sonrisa de su letrado. "Me he enterado de lo de las plusvalías, pero, si te digo la verdad, todo lo lleva mi abogado", afirma al salir del local donde ha estampado su firma. Ella, tras formalizar la venta de una vivienda, desconoce qué es lo que va a pasar y, por ello, se mantiene bastante escéptica: "No sé si me vendrá bien esto, pero lo que tengo claro es que no creo que me quede sin pagar al final".
El pasado martes, el Tribunal Constitucional (TC) sacudió la actualidad jurídica con un fallo donde determina la nulidad de parte de los artículos que recogen el método de cálculo del impuesto a la plusvalía urbana, es decir, el tributo que cada ayuntamiento recauda cuando un particular vende un inmueble cuyo valor ha aumentado. Una decisión que no solo afecta a la mera venta de una casa, sino también a aquellas donaciones y herencias donde de forma implícita se reciba una vivienda -las fincas rústicas no cuentan- cuyo valor catastral se haya acrecentado. De momento, lo que hay es el adelanto de una sentencia por parte del tribunal, pero aún se desconocen los argumentos y, por ende, su contenido.
Una decisión que ha puesto 'en jaque' a la actual carga fiscal, conocida como el IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) y a los propios consistorios, ya que se trata de una de sus principales fuentes de ingresos. Así, este gravamen -que aporta hasta 2.500 millones anuales a las arcas municipales del país- puede poner en serios aprietos los balances de algunas ciudades, como es el caso de Madrid, cuyo impuesto supone una recaudación de 500 millones de euros. El varapalo con el que los alcaldes reciben la noticia es celebrado por los ciudadanos, que podrían apostar por no entregar la escritura -que reciben por parte de las notarías y cuyo plazo legal es de 30 días- en la oficina pertinente del ayuntamiento que se encarga de gravar ese aumento del valor.
"Yo pagué la plusvalía hace tres semanas porque murieron mis padres", dice una mujer de origen dominicano. "Ahora tengo otra pendiente de pago por la venta de un piso, pero el Ayuntamiento de Ávila va muy lento". La mujer asegura que el consistorio le ha dicho que tiene que pagar el tributo, pero ella está dispuesta a recurrirlo. Una posición que defienden otros contribuyentes: "Yo vendí una casa hace dos semanas y no he mandado aún la solicitud para pagar la plusvalía. Como ahora están diciendo que el cálculo es inconstitucional, yo no voy a pagar ese impuesto a Majadahonda (un municipio del noreste de la Comunidad de Madrid)".
Esta postura de 'rebeldía' conlleva la posibilidad de ahorrarse un buen puñado de dinero. Vendedores de vivienda consultados por La Información a la entrada o la salida de notarías en el centro de Madrid desconocían la decisión del TC o solo sabían de oídas el fallo de la alta instancia judicial. "Hay muchas dudas sobre lo que pasará, sobre todo con aquellas que están en trámite". "No es nada fácil y habrá lío asegurado".
No solo los consistorios se han visto perjudicados por esta resolución del Constitucional sino también las propias notarias, "Ya nos han anulado cuatro firmas de ventas de viviendas", dicen a este periódico en una de ellas. Para los trabajadores de estos despachos, la noticia ha supuesto "un caos". Una oficial de notaría asegura que la noticia "ha corrido como la pólvora" y ha hecho que algunos vendedores rechacen pagar la plusvalía. No obstante, cree que el final de esta historia no será tan feliz como se presume: "Eso de que se va a dejar de pagar es mentira, se seguirá cobrando, seguro".
Por su parte, los notarios aseguran que este impuesto es un "chollo" para los consistorios: "Es el mejor tributo que recaudan. Además la decisión del Constitucional es un palo gordo para los alcaldes ya que alguna operación de compraventa podían recaudar 30.000 euros, 40.000 o incluso más". Mientras, los ayuntamientos que cobran este impuesto (no todos lo hacen) guardan silencio, escépticos ante el escenario que se les ha presentado y que amenaza con crear un agujero en la recaudación municipal.
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