La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha recriminado a la Comunidad de Madrid ser la única autonomía que se niega a compensar el alza de los precios de los materiales. "Pone en riesgo la ejecución de los contratos públicos y la supervivencia, sobre todo, de las pymes madrileñas de la construcción, entre ellas suministradoras y subcontratistas", ha asegurado en un comunicado. En concreto, la patronal ha reprochado "la arbitraria e injusta decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid", al que ha acusado de ser "insensible" a las empresas y trabajadores ante las difíciles circunstancias que atraviesa la economía española y mundial.
Han añadido que está provocando el cierre de empresas constructoras que trabajan para la Comunidad, sus entidades públicas y ayuntamientos, y la pérdida de numerosos empleos en el sector, frenando la recuperación posible con los Fondos Europeos. "Es la única que no se ha adherido a las medidas de reequilibrio reguladas en el Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, en aras de asegurar la ejecución de los contratos públicos y garantizar el mantenimiento de los empleos y la viabilidad de las empresas y pymes del sector de la construcción", ha precisado. La patronal ha asegurado que las excepcionales circunstancias sociales y económicas derivadas de la pandemia y la guerra de Ucrania han dificultado la ejecución de los contratos públicos, pues los contratistas han sufrido un incremento desorbitado de los costes.
A renglón seguido desde la organización han recordado que ya remitieron una carta a la Comunidad de Madrid en la que se urgía a transponer la normativa nacional para evitar la ralentización o paralización de la ejecución de los contratos en curso y facilitar la licitación y ejecución de los proyectos comprometidos con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; además de solicitarse una reunión en torno a la que no ha recibido ninguna respuesta. En esta comunicación, el consejo de gobierno de CNC sostenía que la participación de las pymes constructoras en las grandes infraestructuras es habitual y necesaria, avisando de que el estrangulamiento del adjudicatario dificulta la actividad, el cobro y la ejecución de trabajos. Asimismo, apuntaba que las directrices marcadas en las normas se están utilizando también en las obras privadas, donde se emplea intensivamente mano de obra y que ejecutan pymes en un 99,8%.
