La mayoría de los millones de afectados que lograron superar el coronavirus en España desde que comenzó la pandemia han tenido mucha suerte. Una gran parte de los infectados ha continuado su vida normal tras la convalecencia sin secuelas que les hayan alterado su día a día. Esta fortuna no la tienen un porcentaje de personas que, aunque elevado, supone una minoría. Se trata de los afectados de Covid persistente, una dolencia que está reconocida por la OMS y que implica seguir presentando síntomas notables meses después de superar el virus. A este suplicio se suman los contratiempos que afrontan los que cumplen un año de baja médica por este motivo. Su situación ahora es competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que es el que decide si les alarga la baja. Algo que no se está produciendo en la mayoría de casos, según las fuentes consultadas por La Información. Una problemática que se explica por cuestiones de burocracia y por la ausencia de protocolos específicos.
Lo ocurrido está provocando una situación de desamparo para un gran número de personas, que se contagiaron en las primeras semanas de la crisis sanitaria que comenzó en marzo de 2020. A pesar de contar con numerosos informes médicos que atestiguan que presentan sintomatología que puede ser incapacitante para desempeñar sus empleos al 100%, las resoluciones de la administración suponen obligarles a regresar a sus puestos de trabajo. Una decisión que una gran parte conoce tras ser examinados por los médicos del INSS. Pero hay otros afectados que se enteran directamente de su alta sin que les hayan citado para la valoración que les correspondería, según sostienen las fuentes consultadas por esta redacción. Por lo que se está generando un conflicto que no es exclusivo de ninguna región, ya que hay casos en distintos puntos del país, como señalan varios afectados a este diario.
Una de las primeras explicaciones a este 'abandono' es que el Covid persistente no está reconocido como enfermedad profesional. A diferencia del coronavirus, al que se asignó un código para que entrara en el Cuadro de Enfermedades Profesionales del INSS, esta enfermedad crónica permanece en un 'limbo' administrativo. Esto supone que no haya un criterio único para los tribunales que hacen las valoraciones de quienes cumplen un año de baja. Por lo que decidir en un sentido u otro queda al análisis de los médicos que ven a estos pacientes y de los compañeros con los que consulten. Hasta el momento, la Seguridad Social no ha establecido un criterio único, señalan las mismas fuentes. Lo cual entra en contradicción con la OMS, que lo incluyó en su Clasificación Internacional de Enfermedades. Tampoco coincide con el Ministerio de Sanidad, que ya contempla esta enfermedad en su documento de información científica sobre el SARS-CoV-2.
Esta situación afecta a un grupo extenso que ha podido demostrar que tuvo coronavirus cuando se les dio la baja, a través de una PCR o un test de anticuerpos que evidenciaba que lo habían superado. Pero también hay numerosos casos de personas que, aun padeciendo Covid persistente, no cuentan con un test que avale que estuvieron infectados. Por lo que no pueden alegar que padecen la enfermedad crónica por incumplir ese requisito, insisten las fuentes consultadas. "Nos estamos dando cuenta de que un gran número de los que padecemos esto no producimos anticuerpos o los perdemos pronto. Por no tener un diagnóstico inicial, se les da la baja inicial por fatiga u otras dolencias. Pero en otras enfermedades no exigen ninguna prueba, como ocurre con la gripe", explican desde Long COVID ACTS, que reclama "unificar el diagnóstico y las valoraciones administrativas".
"Me llegó a decir que no era un tobillo torcido"
Los afectados por este embrollo administrativo han vivido situaciones distintas pero con el mismo desenlace. Una de ellas es Miriam, una farmacéutica de 40 años que se contagió trabajando. Un año después, va a rehabilitación por la mañana y por la tarde. También cuenta con numerosos informes médicos que acreditan que, por ejemplo, no pueden respirar bien. A ella la citaron para valorarla en el INSS. "Mi experiencia fue muy mala. La doctora me llegó a decir que no podía verlo porque no era como un tobillo torcido. Iba tranquila porque todo lo que me pasaba estaba por escrito. Días después, me llegó la carta con el alta", cuenta Miriam, que presentó la disconformidad con la decisión. Pero hubo silencio administrativo, por lo que está en alta. Ahora, está tirando de sus vacaciones para no ir a trabajar. "Mis hijos me preguntan que por qué estoy todo el día en la cama y no juego con ellos. Y me dan el alta", lamenta.
Beatriz sí tuvo una experiencia agradable cuando acudió al tribunal que iba a valorarla tras un año de baja. Esta informática recibió la carta del INSS con una cita para el 5 de mayo. "La doctora me dijo que escribiría un informe, pero que decidiría la comisión. Fue empática y me escuchó", recalca. El 17 de mayo, recibió la noticia de que le daban el alta. Tenía que incorporarse a trabajar inmediatamente, según el criterio de la Seguridad Social. "Cuando llamé tras el silencio administrativo, me explicaron que aunque Salud Pública estaba a favor de alargar las bajas, la administración competente no había resuelto mi solicitud. Después me confirmaron por SMS que estaba de alta", destaca Beatriz, que está gastando las vacaciones del año pasado que le quedaban para permanecer en su casa.
Para Merche, ni hubo análisis de la Seguridad Social. Esta afectada, que es médico de profesión y trabaja en una unidad de diálisis, se contagió a finales de marzo de 2020. Desde entonces, arrastra síntomas y ya tiene diagnosticado un síndrome de fatiga crónica. Su año de baja se cumplió el 27 de mayo, y ya estaba atenta a una carta o una llamada para que analizaran su caso. De repente, le comunicaron que le daban el alta. No le pidieron informes, ni hubo una valoración por parte de un médico del departamento que depende del Ministerio de Inclusión. "No hubo previo aviso. Es denigrante, porque trabajo con personas de riesgo y no puedo reaccionar con todas mis facultades como hacía antes. Los pacientes me hablaban y no me enteraba de lo que decían", explica. Ahora, está preparando su recurso.
Según Long COVID ACTS, más de un 10% de todos los infectados por coronavirus en España padecen esta enfermedad. Por lo que cifran en más de 500.000 los pacientes que aún no cuentan con todos los derechos que precisarían. Sus análisis apuntan a que la media de edad está en los 43 años, con un 50% de afectados con entre 30 y 50 años. Unas edades que, como recuerdan, implican que el golpe llega a personas en plena edad activa para trabajar. Por lo que advierten de que esto también es un golpe para los intereses de la economía, que puede perder trabajadores o apenas contar con ellos si no se les da respuesta con la investigación o con una adaptación de sus puestos de trabajo. "No podemos quedarnos quietos con tantas altas porque muchos otros afectados vienen detrás", aseguran.
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