El real decreto-ley que contenía la reforma del subsidio por desempleo decayó en enero en el Congreso de los Diputados impulsado por el voto en contra de Podemos. Este texto era el resultado de una negociación 'in extremis' entre los ministerios de Economía y Trabajo que tenía por objetivo cumplir uno de los hitos vinculados al cuarto pago de los fondos Next Generation antes de que acabase el 2023. No obstante, con la salida de Nadia Calviño estas prisas se han disipado y a dos semanas de que concluya el nuevo plazo concedido por la Comisión Europea -hasta el 20 de mayo- el departamento de Yolanda Díaz sigue sin haber aprobado la que aspiraba a ser una de las reformas clave del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Fuentes próximas a la vicepresidencia segunda trasladan a este medio que se sigue trabajando en el documento que está previsto que llegue a la Cámara Baja en forma de proyecto de ley, para no repetir la escena en la que un real decreto-ley aprobado en Consejo de Ministros después no es convalidado en el hemiciclo. Los planes pasan por volver a convocar a los agentes sociales, aunque desde Trabajo se tienen pocas esperanzas de que los empresarios -representados en la mesa por CEOE y Cepyme- se sumen al acuerdo, para después enviar a Las Cortes el documento que al menos sí cuente con el visto bueno de los representantes de los trabajadores. Por el momento, mantendrán este lunes una reunión para avanzar en el pacto, según recoge Europa Press.
Desde el Gobierno se entiende que con el apoyo de la parte social será más sencillo reunir también el voto a favor de las diferentes fuerzas políticas que construyen la mayoría parlamentaria en la que se sustenta Pedro Sánchez. Una credencial con la que tampoco contaba la reforma en enero, por lo que en el Ministerio de Trabajo quieren cubrirse las espaldas y no volver a cometer ninguno de estos 'fallos'. En el mes de diciembre el intercambio de papeles apresurado entre las dos formaciones que componen el Ejecutivo se tradujo en que no hubo una negociación real con la patronal y los sindicatos, sino que apenas se produjo un contacto inicial tras el que las contrapropuestas de las partes nunca fueron contestadas.
Fecha límite para la reforma
En concreto, se confía en que el respaldo de CCOO y UGT sea suficiente para amarrar el voto a favor de los cuatro representantes del partido de Ione Belarra, aunque está por ver si los sindicatos consiguen que se aplique alguna mejora en el tratamiento de los mayores de 52 en el que los morados justificaron el voto en contra. La propuesta inicial proponía reducir la cotización de los perceptores de este subsidio del 125% al 100% de la base mínima de cotización -que viene dada por el salario mínimo- para no generar agravios de cara a la pensión con el resto de trabajadores de la misma edad que sí que tienen un empleo, pero por el que reciben la remuneración mínima.
Las fuentes gubernamentales inciden en que esta materia no está parada, si bien esta no es la fotografía que trasladan los miembros del diálogo social. Los secretarios generales de CCOO y UGT alertaron del "riesgo de parálisis" de la agenda reformista del Gobierno al presentar el eslogan de la movilización del 1 de Mayo. Tampoco ha trascendido si ha habido contactos entre la cartera de Díaz y la Comisión Europea, ya que mientras la vicepresidenta segunda siempre ha defendido que es su equipo el que ha llevado a cabo la negociación con Bruselas en esta materia, antes los pasos venían marcados por Calviño y hace unas semanas el acuerdo para ampliar el plazo también era presentado por el ministro de Economía, Comercio y Empresa.
De seguir los pasos previstos, es materialmente imposible que la ley sea aprobada antes de alcanzar la fecha límite, dado que el Ministerio de Trabajo tendría que llamar al menos otra vez a la patronal y los sindicatos, registrar la iniciativa en el Congreso de los Diputados y tramitarla -una vez fuera aceptada por la Mesa- y solo el trámite de presentación de enmiendas ya se extendería durante 15 días por la vía de urgencia. Los tiempos parecen ser igual de ajustados si, por el contrario, optan por aprobarlo por real decreto-ley otra vez. No obstante, desde el Gobierno evitan avanzar cuál sería el recorte respecto a los 10.000 millones de euros vinculados al cuarto pago que España está a la espera de recibir.
