La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha urgido este jueves al PSOE a aceptar mantener el impuesto a la banca y a las energéticas, como propone su formación, puesto que ha defendido que "quienes más tienen más deben aportar a las arcas públicas".
En plenas negociaciones entre ambas formaciones para la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, la también ministra de Trabajo ha asegurado que el PSOE "no quiere" mantener este gravamen, mientras que Sumar seguirá "insistiendo" en que se prorrogue porque "la salida a la crisis debe ser justa y las entidades financieras deben seguir pagando estos impuestos".
En la rueda de prensa posterior a la jornada inaugural de la conferencia de alto nivel "El pilar europeo de los derechos sociales y las nuevas políticas activas de empleo", que ha compartido con el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, Díaz ha resaltado que "como consecuencia de la subida de tipos de interés se está produciendo una mayor transferencia de rentas" desde la ciudadanía hacia las entidades financieras.
"La crisis de la inflación no está causada por los salarios, sino por los extensos márgenes que tienen las empresas en nuestro país y en Europa", ha añadido. La vicepresidenta ha alertado, además, sobre un "elevado riesgo de concentración bancaria" en España y ha agregado que los propios bancos "reconocen que de no suscitarse el impuesto a la banca sus beneficios todavía serían mayores". "Los beneficios hoy conocidos son récord, en un momento con una crisis de inflación que empobrece a la ciudadanía", ha denunciado antes de subrayar también la lentitud de los bancos a la hora de incrementar la retribución de los depósitos.
En el caso de los bancos, la tasa grava con un 4,8 % el margen de intereses y las comisiones netas del negocio bancario en España, lo que el Ejecutivo considera beneficios extraordinarios por la subida de los tipos de interés, en los bancos con una facturación superior a 800 millones en 2019. En el sector energético, el impuesto afecta a las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019, y grava las ventas con un tipo del 1,2 % salvo los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España. Estos dos impuestos tienen vigencia hasta 2024.
"Intensificando" las negociaciones
Díaz ha explicado que en las ultimas fechas se han "intensificado las negociaciones" entre Sumar y el PSOE, en curso desde inicios de agosto. "Pero es verdad que todavía no hay acuerdo entre Sumar y PSOE. Como bien saben, en la definición del sistema fiscal tenemos una diferente percepción", ha dicho. Otros elementos que forman parte de la negociación son la reducción de la jornada laboral o el mantenimiento del impuesto a las grandes fortunas, que también expira en 2023.
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