El 9,5% de los cambios de comercializador de electricidad y gas presentaron algún tipo de carencia documental, según indican los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El 90,2% de estos casos, sobre un análisis de 6.900 operaciones entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de julio de 2022, presentaron el consentimiento de los usuarios, aunque la CNMC destacó que aumentaron las solicitudes calificadas como 'no conformes' debido al a falta de documentación.
Sin embargo, estos resultados evidencian un incremento notable de los cambios con documentación 'no totalmente conforme' (9,8%) con respecto al estudio 2019-2020 (4,4%), y más en línea con los resultados de 2017-2018 (10,3%). Si bien, el peso de los cambios calificados como no acreditados (0,3%) se redujo respecto a ambos períodos (1,3% y 1,6%, respectivamente).
Renuncia al bono social
En lo que respecta al bono social, un total de 21 consumidores lo perdieron, recuperándolo meses después. Para estos casos, los comercializadores no aportaron la renuncia al bono social firmada por el consumidor, según exige el artículo 5.5 del RD 897/2017.
Los datos extraídos del informe de supervisión del efectivo consentimiento del consumidor al cambio de comercializador realizado por el regulador, entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022 se realizaron en España 5,56 millones de cambios de comercializador en el sector eléctrico y 0,91 millones de en el sector gasista.
La CNMC, órgano presidido por Cani Fernández, consideró que la acreditación documental del consentimiento ha mejorado en los últimos años, pese a que "persisten las reclamaciones por cambio de comercializador sin consentimiento o con engaño, pero con documentos formalmente correctos". Asimismo, valoró que se observa una reducción de la documentación contractual entregada al consumidor con la consiguiente disminución de información y transparencia.
Propuestas para mejorar la información
Por ello, la CNMC reiteró en su informe propuestas normativas para mejorar la información disponible para el consumidor; dificultar las prácticas comerciales engañosas y abusivas; y reducir los cambios de comercializador por errores administrativos y falta de diligencia del comercializador.
Además, recordó que desde el 29 de junio de 2023 la Ley General de Telecomunicaciones establece el derecho de los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la numeración, a no recibir llamadas no deseadas. La CNMC es responsable de verificar que los consumidores otorgan su consentimiento efectivo para realizar estos cambios y de supervisar que los comercializadores cumplen con la normativa.
