El gobierno andaluz sanciona a caixabank con 455.000 euros por la comercialización irregular de participaciones preferentes

El Gobierno andaluz ha acordado sancionar con 455.000 euros a la entidad Caixabank, SA, por dos infracciones muy graves y una leve relativas a la comercialización irregular de participaciones preferentes.
El expediente sancionador, primero que resuelve el Consejo de Gobierno en relación con este tipo de producto financiero, tiene su origen en 21 reclamaciones recibidas durante el pasado año en los servicios de consumo de la Junta en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.
De acuerdo con el expediente, iniciado el 18 de diciembre de 2012 tras la investigación de las denuncias, se considera probado que Caixabank ocultó a las personas usuarias información relevante sobre las condiciones de riesgo y liquidez de las participaciones preferentes ofertadas.
En algunos casos, los afectados no recibieron el folleto informativo, no realizaron el test de conveniencia obligatorio en este tipo de productos y no prestaron su consentimiento expreso para tramitar la compra. Tampoco se atendieron requerimientos de documentación formulados por la Inspección de Consumo de la Junta.
Estos hechos son constitutivos de tres infracciones tipificadas en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía: incumplimiento de la información en el suministro de bienes, incumplimiento de las condiciones de la prestación del servicio e incumplimiento de las medidas o requerimientos de la Administración.
Si bien la ley califica estas infracciones como leves, el Gobierno andaluz entiende que en las dos primeras concurren las circunstancias agravantes recogidas en el mismo texto normativo por infracción continuada o práctica habitual, por "producir una alteración social grave, originando alarma o desconfianza en los consumidores" y por haberse realizado "explotando la especial situación de inferioridad o indefensión de determinados consumidores o grupos de ellos", entre otras.
Respecto a la circunstancia de reiteración, el Consejo recuerda que Caixabank ya ha sido sancionada de manera firme en 31 ocasiones por infracciones contra la normativa andaluza de consumo entre 2004 y 2013. Otra agravante tenida en cuenta, y asimismo recogida en la ley, es la relativa a la posición relevante que la entidad tiene en su sector.
Como circunstancia atenuante, el Consejo valora la colaboración activa mantenida por Caixabank para atenuar los efectos de las dos primeras infracciones. En este sentido, el acuerdo destaca que la entidad denunciada, con la intermediación de los servicios de consumo de la Junta, ha alcanzado acuerdos con la mayor parte de las personas afectadas para resolver las reclamaciones interpuestas en su día.
Según datos de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 23 de septiembre de 2013 se han registrado en Andalucía 688 reclamaciones relacionadas con productos financieros de inversiones complejas de alto riesgo, entre los que se incluyen las denominadas participaciones preferentes.
Estas reclamaciones, de las que 428 han sido ya resueltas, se formularon a las entidades Caixabank, Bankia (Caja Madrid), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Grupo Santander (Banesto), Banco Popular Español, Sabadell CAM, NCG Banco (Novagalicia), Banco Mare Nostrum (Caja de Ahorros de Granada), Catalunya Bank, Cajasur y Caja de España de Inversiones Salamanca y Soria.
El total de personas afectadas supera la cifra de 47.400, con un importe por encima de los 1.406 millones de euros, según los datos aportados por las entidades que han respondido al requerimiento de la Junta. Cuatro de ellas (Caixabank, BBVA, Sabadell y Cajasur) han colaborado también con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para resolver las reclamaciones mediante fórmulas de negociación, mediación y arbitraje extrajudicial.
Asimismo, la Junta ha colaborado con la Fiscalía Superior de Andalucía que, a través de un decreto, solicitó a la Secretaría General de Consumo que informase a las personas reclamantes de los acuerdos adoptados. La Administración autonómica también ha requerido la cooperación de la Policía Judicial en la investigación de posibles responsabilidades penales.
Las personas interesadas pueden obtener más información en la página web "www.consumoresponde.es", que muestra alternativas de mediación y arbitraje en relación con las preferentes, así como los mecanismos de reclamación a las entidades financieras y los derechos de los consumidores y usuarios.