El Ejército les ofreció un empleo, y lo hizo bajo la premisa de que esa relación laboral finalizaría como muy tarde a los 45 años. También les prometió formación y la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en tareas que una vez finalizada esa relación les facilitaría su reinserción laboral en el 'mercado civil'. La primera premisa, la del horizonte temporal de esa relación laboral, se está cumpliendo de manera inexorable. La segunda, la que les ofrecía un horizonte laboral más allá de su contrato con las Fuerzas Armadas, se ha convertido en una inquietante incógnita, que no solo es objeto de preocupación para los miles de soldados de tropa y marinería que se verán obligados a dejar el Ejército en los próximos meses sino también para la propia Administración, que se verá abocada a pagarles el subsidio del que se han hecho acreedores hasta su edad de jubilación si antes no les encuentra una colocación en el mercado de trabajo.
Los perfiles del problema han sido minuciosamente analizados por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y se pueden apreciar de forma muy clara en el gráfico que acompaña esta información. En los próximos años, de aquí a 2033, cerca de 40.000 soldados profesionales verán extinguirse su relación laboral con el Ejército al llegar a los 45 años de edad. El fenómeno empezará con trazo suave - para 2017, por ejemplo, se esperaba la extinción de 403 contratos de la escala de tropa y marinería - pero luego se irá acelerando: 4.045 militares pasarán a la reserva entre 2018 y 2021, a razón de un millar cada año; entre 2022 y 2025, el ritmo se duplicará y abandonarán el Ejército 9.583 soldados; entre 2026 y 2029 la cifra se elevará a 13.172; y en el segmento 2030-2033, otros 9.793 se desvincularán del Ejército, según las estimaciones de la AUME.
Sumados a los que ya han salido del Ejército desde el año 2012, la asociación calcula que en los próximos tres lustros el Estado se enfrenta al escenario de que 54.237 efectivos que tenían un contrato de larga duración con las Fuerzas Armadas se quedarán sin empleo...y con derecho a un subsidio público. Este derecho nace de la Ley de Tropa y Marinería del año 2006 que trató de regular la 'relación de especial vinculación', según su definición jurídica, de los soldados de esa escala con la Administración y que en virtud de ésta creó la figura del reservista de especial disponibilidad (RED), una suerte de sostén de seguridad para los militares profesionales que se ven obligados a salir del Ejército a los 45 años, que les aseguraba la percepción de un subsidio estatal de 7.200 euros anuales una vez finalizado el periodo de paro de dos años, si no hubieran encontrado una colocación en el mercado de trabajo y en compensación por estar disponibles para el Ejército en el improbable caso de que éste los llamara de nuevo a filas.
Cerca de 10.000 millones de euros en subsidios
La AUME ha estimado que el coste presupuestario de tener que abonar el subsidio hasta su jubilación a los 54.237 efectivos que entre 2012 y 2033 se fueran incorporando a la condición de reservistas de especial disponibilidad supondría un coste para el Estado de 7.810 millones de euros, que se dispararía hasta los 9.532 millones si los cerca de 12.000 efectivos que tienen hoy un compromiso inicial o pendiente de renovación con las Fuerzas Armadas decidieran acogerse a la opción de cerrar un compromiso de larga duración.
La expectativa de exponerse a un nuevo 'PER' - por el controvertido subsidio agrario aprobado para los jornaleros de Andalucía y Extremadura en 1986 - ha activado los resortes del Estado, que no solo ha activado una subcomisión parlamentaria para estudiar y, en la medida de lo posible, resolver la situación creada con los soldados de tropa y marinería sino que a nivel gubernamental ha creado un grupo de trabajo conformado por los ministerios de Defensa, Hacienda y Educación para tratar de encontrar una salida a este colectivo.
El principal problema a resolver es la escasa probabilidad de encontrar un empleo en el 'mercado civil' que tienen estos soldados. "Se trata de profesionales con preparación técnica y que acreditan una dilatada experiencia laboral en puestos demandados en el mercado de trabajo, pero que no tienen la titulación requerida y eso les cierra las puertas", subraya Jorge Bravo, secretario de Organización de la AUME.
Esta carencia ha desactivado alguna de las iniciativas adoptadas desde el Gobierno para facilitar la reinserción laboral del colectivo. El Ministerio de Hacienda, por ejemplo, ha lanzado ofertas de promoción interna con reservas específicas de plaza para militares de tropa y marinería que han quedado desiertas al constatar la unidad contratante que este personal no cumplía los requisitos de titulación previstos en el pliego. Algo similar ha ocurrido con la oficina creada por el Ministerio de Defensa para facilitar la transición de militares a puestos ajenos a las Fuerzas Armadas, conocida como Sapromil. La oficina rastrea oportunidades de empleo público y suscribe acuerdos con empresas que se comprometen a incorporar personal proveniente de las Fuerzas Armadas, pero no se ha revelado demasiado útil para los soldados de tropa y marinería por los mismo motivos ya mencionados. "Al final, Sapromil se ha convertido más en una oficina de colocación para oficiales del Ejército que agotan sus posibilidades de promoción profesional muy jóvenes y que prefieren 'pasarse' al sector privado para seguir progresando, que para resolver el problema del personal de tropa y marinería", explica Jorge Bravo.
Formación y una carrera en la Administración, posibles soluciones
En su comparecencia ante la subcomisión que estudia la problemática, Aume dejó un decálogo de recomendaciones para resolver el problema que incidía, básicamente, en tres recetas: ampliar sus posibilidades de carrera en el Ejército, abrir a los soldados las puertas de la Administración Pública y avanzar en la acreditación de los conocimientos profesionales de estos militares, ofrecerles una titulación. La Asociación cree que el Ministerio de Defensa puede resolver el asunto ampliando el margen actual de puestos permanentes en el Ejército o eliminando restricciones para el caso de los militares profesionales a la carrera militar, lo que les garantizaría un empleo de por vida. También ayudaría, entienden, que los ministerios de Educación y Hacienda valoraran la posibilidad de acreditar de alguna manera la experiencia y el conocimiento acumulado por estos militares a efectos de recibir una titulación homologada - en el caso de Educación - o a efectos de ocupar un puesto en la Administración -Hacienda-.
La Administración ya ha empezado a moverse. Hace algo menos de un año, en febrero de 2017, se lanzó una Orden Ministerial que habilitaba un programa de becas para la formación en titulaciones homologadas del personal militar, y el Ministerio de Hacienda y el de Defensa llevan tiempo ya trabajando juntos, según se admite desde ambos departamentos, en la identificación de los concursos de plazas que más se pueden adaptar al perfil formativo de los militares de tropa y marinería al objeto de trasladar esa información a los interesados. También se han adoptado otras iniciativas como la que se activó para resolver el problema causado por la huelga de examinadores de la Dirección General de Tráfico, que dio lugar a un programa de formación exprés de once semanas para que militares se convirtieran en examinadores de tráfico.
Hacienda no solo está trabajando en la línea de identificar las plazas más adecuadas para ofrecerlas a estos militares, sino que también estudia la posibilidad de aumentar el número de plazas de reserva para éstos en concursos de acceso a nuevos puestos de la Administración. "Lógicamente tienen que aprobar la oposición, pero en ese caso tendría prioridad a la hora de incorporarse a la Administración", aseguran desde Hacienda.
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