Mañana, el Consejo de Ministros despejará por fin todos los detalles del mecanismo diseñado entre el Ministerio de Economía y los cinco grandes bancos -Santander, BBVA, Popular, La Caixa y Bankia- para saldar la deuda de ayuntamientos y comunidades autónomas con sus proveedores.
Aunque todavía se están cerrando los últimos flecos, el propio Gobierno ya dio por aprobado el sistema hace dos semanas y hoy mismo lo ha convalidado el Congreso. Sin embargo, este decreto sólo ponía en marcha el plan de pago a proveedores, pero dejaba sin aclarar todo el mecanismo.
Y eso es lo que se ha negociado en estos quince días tanto con las empresas como con los bancos y las propias administraciones. Al final, el sector privado ha conseguido, entre otras cosas, que el ICO -Instituto de Crédito Oficial- participe también en esta megaoperación financiera.
Éste es todo un triunfo para la banca, que había reclamado que el Estado entrase también a financiar esta deuda a través de su brazo financiero y no afrontar en solitario los posibles riesgos.
El Ministerio de Hacienda siempre ha mantenido al ICO fuera de este programa (ya que hay otra línea abierta en la que sí actúa el Instituto público), aunque finalmente parece haber ganado la mano Economía, que es quien está negociando con el sector financiero este mecanismo.
Para dar estabilidad y evitar que esta financiación se vea afectada por las fluctuaciones de los mercados, este programa incluirá además una serie de bonificaciones que permitirán limitar el interés de este crédito en el 5%.
Según adelantó ya el ministro de Economía la semana pasada, el interés de este crédito va a ser el del Tesoro más 115 puntos básicos.
El problema es que la tormenta de la crisis soberana podría disparar en ocasiones la rentabilidad de la deuda española, lo que dispararía el coste de este mecanismo.
Para evitarlo, se van a incluir una serie de bonificaciones que pondrán un techo en torno al citado 5%.
En cualquier caso, y según ha confirmado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso, el Gobierno hará público mañana los detalles definitivos del mecanismo, del que también se ha avanzado que no impondrá descuentos a la hora del cobro de las facturas.
De hecho, el criterio de antigüedad primará sobre cualquier descuento que se ofrezca.
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