Martes, 19.03.2019 - 21:06 h
Otro golpe al déficit público

El plan de Moncloa para bajar el recibo de la luz liquida 1.500 millones de ingresos

El impacto de la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica 'se comerá' el 75% de la subida del IRPF a los ricos.

Teresa Ribera
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, atiende a los medios / EUROPA PRESS

El fin superior de bajar el recibo de la luz entre un 2,5% y un 5% a la mayoría de los españoles (también a las empresas) le va a generar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un quebradero de cabeza de importantes dimensiones: en concreto, de unos 1.500 millones de euros. Ésa es aproximadamente la recaudación media que ha obtenido el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), cuya aplicación el Gobierno suspenderá en las próximas semanas, en los cuatro ejercicios en los que ha estado vigente y de los que existen datos, según la información disponible en la Agencia Tributaria.

Lo que dicen los datos oficiales es que en 2013 - el primer ejercicio en que estuvo vigente tras su aprobación por el Gobierno de Mariano Rajoy - el impuesto recaudó 1.261 millones de euros y que en 2015 llegó a generar más de 1.600 millones de euros. Para hacerse una idea del impacto de la suspensión de este impuesto, basta decir que la subida del Impuesto sobre la Renta a los contribuyentes con mayores ingresos comprometida por el Gobierno generaría en el mejor de los casos 1.900 millones, según los cálculos realizados en su día por el PSOE.

Un problema añadido para el Ministerio de Hacienda sobre el que ya pesaba la titánica tarea de tratar de obtener alrededor de 6.000 millones de euros en ingresos extra para financiar las políticas de gasto que pretende afrontar el Gobierno. 

No extraña, por tanto, que la iniciativa en este caso no haya salido del departamento que dirige María Jesús Montero, que según fuentes gubernamentales ha tenido un papel secundario en el impulso de esta medida, sino del todopoderoso Ministerio de Transición Ecológica, con todas las bendiciones de Presidencia del Gobierno, acuciado por la estabilización de los precios en cifras récord y por la presión política ejercida por Podemos.

A Hacienda, eso sí, le corresponderá ahora cuadrar las cuentas. El Gobierno apenas proporcionó este miércoles detalles sobre qué implicará la medida, más allá de que la suspensión supondrá la reducción del tipo del impuesto, actualmente en el 7%, "prácticamente al 0%, según dijo la ministra Teresa Ribera, pero no precisó de qué modo se haría esto.

El 'cómo' no es irrelevante porque implicará una reducción de ingresos o un incremento de los gastos para el Estado en función de cómo se materialice.

Sánchez resuelve lo que no consiguieron las eléctricas

El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica grava con un 7% las retribuciones brutas - excluido el IVA - obtenidas por la producción e incorporación al sistema de energía eléctrica y, por tanto, es abonado por las compañías, que posteriormente repercuten su coste al contribuyente en la factura...lo que justifica el utilizar la suspensión del impuesto para abaratar el recibo.

Las compañías eléctricas declararon la guerra al impuesto desde el mismo momento de su creación. Desde el principio cuestionaron su legalidad y se asesoraron para lanzar una potente ofensiva judicial contra el mismo bajo el doble argumento de que no encontraba justificación alguna en la normativa fiscal europea y que imponía una doble imposición sobre las empresas por una única actividad, que ya se gravaba a través del Impuesto de Actividades Económicas.

La batalla judicial, que amenazaba con condenar al Gobierno a un proceso de devoluciones millonarias a las eléctricas, está a estas alturas sin resolver. El Tribunal Constitucional inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo sobre el particular, pero en esta última instancia aún continúan abiertas varias causas que cuestionan la legalidad del impuesto.

La maniobra del Gobierno de Sánchez, precedida por una singular proposición de ley del Partido Popular para desactivar la ley que aprobara en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy, puede contribuir a resolver al menos uno de los conflictos legales que envuelven el escenario energético doméstico.

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