El proceso electoral más largo y polémico de Caja Madrid termina próximo jueves

Madrid.- El proceso electoral más largo y polémico de Caja Madrid, paralizado por los jueces dos veces en menos de un año, terminará finalmente este jueves con la llegada del ex ministro Rodrigo Rato a la presidencia de la entidad.

Ese día, el actual presidente de la entidad, Miguel Blesa, dejará de estar al frente de Caja Madrid por primera vez desde septiembre de 1996 y se marchará como adelantó recientemente, "con añoranza, pero sin rencor ni amargura", según destacó esta semana.

Seguramente también se irá con satisfacción por su gestión y por ver cómo creció la entidad durante sus más de 13 años de mandato, que él mismo ha reconocido que no le hubiese importado alargar porque "ha sido un placer" estar al frente de la caja.

Sin embargo, no pudo ser. Las maniobras políticas y las modificaciones legislativas le cerraron cualquier posibilidad remota de permanecer otros seis años más como presidente, en lo que hubiese sido su tercer mandato.

Los estatutos que regían en otoño de 2008, cuando comenzó el proceso electoral que ahora termina, no dejaban del todo claro que un presidente no pudiera repetir después de 12 años al frente de Caja Madrid.

A pesar de esas dudas de interpretación, las elecciones comenzaron con el objetivo de renovar además de la presidencia de la entidad, a más de la mitad de la Asamblea General, en concreto 153 consejeros de un total de 320.

La mayoría de estos nuevos consejeros, 100, representarían a los ayuntamientos donde la caja tuviera un negocio significativo; 40 a la Asamblea de Madrid y 32 a las entidades representativas.

Pero de repente, iniciada ya la partida, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid decidió modificar la normativa regional de cajas sobre la que se deben basar los estatutos de Caja Madrid.

La nueva ley nacía supuestamente para mejorar la representación de todos los sectores en la caja, pero al mismo tiempo eliminaba cualquier posibilidad remota de que Blesa pudiera ser reelegido presidente sin el beneplácito de la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre.

La entrada en vigor de la normativa el 1 de enero de 2009 obligaba a modificar cualquier paso dado hasta el momento, ya que proponía una configuración totalmente distinta de la Asamblea General de la caja, que quedaría compuesta temporalmente de 343 consejeros.

Con el nuevo reparto ganaban especialmente las entidades representativas, pero también la Comunidad de Madrid, en detrimento de las corporaciones municipales y dentro de éstas, el Ayuntamiento de Madrid resultó ser el gran perjudicado.

Al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, no le quedó más remedio que reclamar a la justicia una mayor representación de sus ciudadanos, lo que paralizó el proceso electoral.

La opinión pública lo interpretó como un duro golpe del alcalde en el supuesto enfrentamiento contra su compañera de partido Esperanza Aguirre.

Y para echar más leña al fuego, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presentaba un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de cajas promovida por Aguirre, a pesar de que la norma contó con el respaldo de los socialistas para su aprobación.

Pero tras algunas modificaciones, el Gobierno retiró el recurso, y el Ejecutivo de Aguirre firmó un acuerdo para dar estabilidad a la caja con Izquierda Unida, CCOO y la Unión Independiente de impositores y Consumidores, al que posteriormente se sumaron UGT y PSOE.

Poco antes del verano las elecciones volvieron a seguir su curso y entonces se pensó que antes de que acabara 2009 habría llegado un digno sucesor de Blesa, también próximo al PP, para presidir la caja.

Sonaron como candidatos el diputado Manuel Pizarro, el ex secretario de Estado Luis de Guindos e incluso el vicepresidente de la Comunidad de Madrid -y mano derecha de Aguirre- Ignacio González.

Pero en septiembre, aparecieron nuevos recursos judiciales del Ayuntamiento de Madrid, de Barcelona y de CCOO, que no desaparecieron hasta que el PP puso orden en sus filas y en octubre surgió el nombre del ex ministro Rato, como el "hombre de consenso".

A partir de entonces, todo transcurrió con una sorprendente naturalidad y tras algunas negociaciones y promesas con todos los sectores, apenas tres meses después, Blesa abandonará la entidad y Rato pondrá fin al proceso más complicado en los más de 300 años de historia de Caja Madrid.