Sentencia histórica. Los socios de la autopista de peaje AP-41 Madrid-Toledo -Isolux, Comsa, Azvi, Sando y Banco Espirito Santo- han visto parcialmente completadas sus aspiraciones en el litigio que, desde hace dos años, les enfrenta con el Gobierno por la situación de quasi quiebra en que se encuentra la concesión.
La construcción de una autovía paralela y el hecho de que nunca se ampliara la AP-41 hasta Córdoba, como inicialmente estaba previsto, ha llevado a la concesión al borde de la suspensión de pagos, ya que las cifras de tráfico e ingresos con que se diseñó la vía nunca pudieron cumplirse.
Ante este escenario, Isolux y sus socios acudieron a los tribunales en marzo de 2009, un proceso que acaba de ser resuelto por el Tribunal Supremo, que ha fallado parcialmente a favor de los demandantes.
En concreto, le ha dado la razón en la reclamación de 100 millones de euros que pedía la concesionaria por no haberse ampliado la autopista hasta Andalucía. La sentencia es un duro golpe para el Estado, que ahora se enfrenta a una lluvia de procesos similares, porque hay un puñado de concesiones en situación similar.
Entre otras, las autopista radiales de Madrid, que podrían generar al Estado un agujero de 2.000 millones de euros si éste no llega a un acuerdo para reequilibrar financieramente las concesiones.
Además, en el supuesto de que no lleguen a un acuerdo, ya sea por la vía judicial o en la conversaciones que mantienen desde hace años, sería el Estado quien debería hacerse cargo de la concesión en el caso de que éstas se declarasen en concurso y, por tanto, quien en última instancia asumiría el agujero creado.
Negociaciones tras sentencia histórica
Aunque el Supremo ha dado parcialmente la razón a los dueños de la AP-41, ha fallado en su contra en la petición de 320 millones por la construcción de la autovía paralela, libre de peaje, A-40.
En este caso, el Supremo considera que era pública la intención del Gobierno de ampliar la carretera M-407 para transformarla en autovía y, por tanto, rechaza que el Estado deba sufragar un plan de reequilibrio económico-financiero por los citados de 320 millones que pedían las constructoras en este punto.
Sin embargo, el hecho de que les haya dado la razón en uno de los puntos, abre ya la puerta a negociar una indemnización que las concesionarias intentarán elevar hasta los 100 millones que pedían. El problema es que el Supremo ha declinado dar una cifra concreta sobre la cantidad con la que debe indemnizar el Estado, de ahí que ahora se abra un periodo de negociaciones.
Al tratarse de la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre una demanda de este tipo, no hay precedentes, por eso, las partes prefieren esperar a la negociación para hablar de cifras concretas.
Además, los 100 millones citados son insuficientes para reequilibrar financieramente la concesión y alejarla del abismo de la quiebra en el que se encuentra. Entre otros motivos, porque según los cálculos de Isolux y sus socios, harían falta 300 millones más.
Entre el abanico de posibilidades que se abre está una negociación global, más dirigida a cambiar las actuales condiciones -subida de tarifa o aumento del número de años de concesión- que ha percibir una indemnización concreta.
En cualquier caso, todo el mundo prefiere pisar sobre seguro, porque este caso sienta sentencia... y abre la puerta a que el resto de concesionarias sigan los mismo pasos.
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